En un operativo conjunto, tropas del Batallón Ricaurte del Ejército Nacional y la Policía Nacional localizaron once válvulas ilícitas instaladas de manera subrepticia en el oleoducto Pozos Colorados–Galán, específicamente en los municipios de Aguachica, en el departamento de Cesar, y San Martín, en Santander. Estas válvulas, adheridas sin generar alarmas visibles, eran utilizadas para desviar hidrocarburos de forma clandestina. Participaron también Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial del Grupo Ecopetrol, y la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron reparaciones temporales con capuchones de seguridad y entregaron los elementos incautados a las autoridades judiciales.
El operativo, que incluyó acciones simultáneas de rastreo de puntos de extracción clandestina, resultó en la captura de doce personas y el decomiso de mil galones de gasolina, un vehículo cisterna, equipos de comunicación, veintitrés millones de pesos en efectivo y un surtidor. Estas válvulas forman parte de una red que genera ganancias estimadas superiores a los cuatro mil setecientos millones de pesos mensuales para organizaciones criminales como el ELN y el Clan del Golfo, que financian sus operaciones ilegales mediante el hurto de hidrocarburos.
Parte de una estrategia nacional contra el robo de combustible
Esta acción se enmarca en un plan amplio de operaciones como Refinadores, Ciénega y Hefesto XII, desplegadas en regiones como Arauca, Antioquia, Cesar, Santander y el sur de Bolívar, con el objetivo de proteger corredores estratégicos de hidrocarburos como Caño Limón–Coveñas, Galán–Sebastopol y Pozos Colorados–Galán. En total, en el conjunto de estas operaciones se han anulado veintiocho válvulas ilícitas, reduciendo significativamente las economías ilegales asociadas al robo de combustible, al tiempo que se mitigan riesgos de fugas, daños ambientales en suelos y fuentes hídricas, y afectaciones a las comunidades cercanas.
Las autoridades enfatizan la importancia del monitoreo permanente, la articulación interinstitucional y la denuncia ciudadana para fortalecer la protección de la infraestructura energética estratégica del país, asegurando así la continuidad del suministro y la seguridad nacional.
