Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella ha revelado que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue instrumentalizada con fines políticos y delictivos durante el gobierno de Gustavo Petro, entre 2022 y mediados de 2026. El informe, basado en el análisis de 147 terabytes de información bajo cadena de custodia, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos y tabletas, evidenció la existencia de un bloque paralelo de contrainteligencia que operaba como un «hoyo negro» y reportaba directamente al entonces mandatario. Al menos el 20% de los más de 500 empleados de la DNI colaboró con la investigación, aportando información clave sobre las irregularidades.
La auditoría, encomendada por De la Espriella para depurar y modernizar el organismo de inteligencia civil, descubrió que la estructura paralela fue formalizada mediante el Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024 y trabajaba articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Funcionarios describieron ese segundo grupo como un «hoyo negro» que realizaba operaciones de contrainteligencia de Estado al margen de los canales oficiales. Entre las denuncias, se investigan accesos no autorizados a información sensible, debilitamiento de protocolos de seguridad y la posible existencia de expedientes reservados sobre candidatos presidenciales y labores de espionaje durante la campaña electoral.
Irregularidades de personal y seguridad
El equipo auditor concluyó que al menos la mitad de los funcionarios incorporados durante la administración Petro no cumplía con los criterios de idoneidad o confiabilidad requeridos para un organismo de inteligencia. Más de 100 trabajadores fueron clasificados como riesgo crítico o alto, y diez servidores presentan posibles vínculos con grupos armados organizados. Incluso se detectó que una persona con orden de captura vigente no había sido desvinculada de la entidad. Además, funcionarios con doble nacionalidad colombiana y venezolana generan sospechas de falsedad documental, lo que ha llevado a profundizar las indagaciones sobre la presencia o influencia de agentes de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela en la DNI.
Gastos reservados y misiones irregulares
La auditoría también detectó graves anomalías en el manejo de recursos. Los gastos reservados anuales oscilaron entre 7.000 y 10.000 millones de pesos, pero 350 millones de pesos fueron destinados a misiones ajenas a las funciones de contrainteligencia. Un sistema biométrico conocido como ABIS, adquirido por 580 millones de pesos, nunca entró en operación. Asimismo, un dron comprado en octubre de 2023 por 9.000 millones de pesos se accidentó en Catatumbo con pérdida total. En 2025 se realizaron dos viajes con hasta diez funcionarios de la DNI que recibieron entrenamiento por parte del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), lo que ha despertado alertas sobre posibles vínculos internacionales no autorizados.
Reorganización y recuperación de cooperación internacional
Frente a este panorama, el presidente De la Espriella y el nuevo director de la DNI, el general retirado Jorge Andrés Zuluaga, han puesto en marcha una profunda reorganización. La auditoría recomienda reconstruir desde cero la infraestructura tecnológica y los controles de seguridad digital. Se prevé la llegada en comisión de expertos de las Fuerzas Militares y la Policía, así como la recuperación de la cooperación con agencias internacionales como la DEA, la CIA, el FBI, el Mossad y el MI6, que habían suspendido sus vínculos ante la falta de garantías. La DNI, organismo sucesor del extinto DAS, enfrenta ahora el desafío de restaurar su credibilidad y asegurar que nunca más sea utilizada como herramienta de persecución política o delictiva.
