El odontólogo Jhonatan Pavel Santa Estrada, quien permanecía secuestrado desde el pasado 19 de abril de 2026 en la región del Catatumbo, fue hallado sin vida el domingo 25 de octubre en una vía rural del corregimiento de Palmarito, en Cúcuta, Norte de Santander. Su cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego, y la identidad fue confirmada por Medicina Legal el miércoles 28 de octubre, luego de que ingresara sin documentos, lo que retrasó el proceso de identificación. Con él fue secuestrada su suegra, Carmen Areliz Becerra, líder comunitaria de la vereda San José, en Tibú, de quien hasta el momento no se tiene información concluyente sobre su paradero.
Santa Estrada, quien ejercía su profesión en la vereda La Gabarra desde hacía cerca de una década, fue interceptado junto a Becerra el 19 de abril cuando se dirigían a la vereda La Paz, en el sector conocido como La Pista, zona rural de Tibú. El hallazgo del cuerpo se produjo en un punto de difícil acceso, al que se llega por desvíos cercanos a Puerto Santander o desde La Ye de Astilleros, en El Zulia, rumbo a Tibú, a más de 70 kilómetros del casco urbano de Cúcuta. Las autoridades investigan las circunstancias del homicidio sin que hasta ahora haya una reivindicación pública del secuestro ni del asesinato.
Este crimen se suma a la grave crisis de seguridad que vive el departamento de Norte de Santander, donde el conflicto armado ha dejado un saldo de más de 100 personas secuestradas en los últimos 21 meses de confrontación, según cifras de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado. Al menos 60 personas permanecen en cautiverio en la región, aunque organizaciones sociales advierten que la cifra real podría ser mayor debido a la subdenuncia. Además, se estima que al menos 19 personas estarían retenidas desde hace más de siete meses en un campamento guerrillero, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Asesinato durante el cautiverio, un patrón que se repite
El homicidio de Santa Estrada es el segundo caso conocido en meses recientes de una persona secuestrada que es asesinada durante su cautiverio en la región. A principios de octubre de 2026 se reportaron nuevos secuestros de comerciantes en Ocaña y Tibú, entre ellos el de Luis Alfonso Quintero Trillos, lo que evidencia que la violencia no cede. La situación es particularmente crítica en el Catatumbo, donde confluyen múltiples grupos armados ilegales que mantienen a la población civil bajo amenazas constantes de secuestro, extorsión, desplazamiento y ataques con explosivos.
«Rechazamos de manera categórica este hecho y hacemos un llamado urgente a estos actores armados para que vuelvan al seno de sus hogares a estas personas que tienen secuestradas»
Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado
Mientras tanto, la familia de Carmen Areliz Becerra sigue a la espera de noticias sobre su paradero. No se sabe nada de ella desde el día del secuestro, el 19 de abril. Las autoridades no han identificado a los responsables ni han logrado establecer el móvil del secuestro y asesinato del odontólogo. La impunidad que rodea estos hechos profundiza la angustia de las comunidades del Catatumbo, que ven cómo la guerra no da tregua y cómo los secuestros se convierten en una herramienta más del conflicto que azota a esta región del país.
