El exgobernador de La Guajira Juan Francisco «Kiko» Gómez Cerchar habría sido trasladado en las últimas horas al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña, luego de que funcionarios del Inpec encontraran un teléfono celular en su celda del centro penitenciario de La Dorada, Caldas. El hallazgo elevó la alerta de seguridad, teniendo en cuenta que el exmandatario está señalado de estar detrás de amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del atentado a bala contra la Procuraduría General de la Nación, ocurrido el pasado 1 de septiembre.
Durante el traslado, Gómez Cerchar habría sido llevado al Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, por una descompensación, antes de ser ingresado a La Picaleña. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el movimiento del recluso tras conocer el hallazgo del dispositivo móvil. «He ordenado que se traslade de ser necesario. Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte, se levanta contra el Gobierno y ha de caer sobre él o ellos todo el peso de la ley», declaró el mandatario.
Condena y nuevos señalamientos
El exgobernador, condenado a 31 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ahora es investigado por su presunta participación en amenazas contra los magistrados del alto tribunal y en el atentado contra la oficina del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien pidió su condena. El hecho ocurrió en el piso 26 de la sede de la Procuraduría. El magistrado José Joaquín Urbano Martínez, de la Sala de Casación Penal, puso en conocimiento de las autoridades la situación, advirtiendo sobre el riesgo que corren los togados y sus familias.
«Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias.»
José Joaquín Urbano Martínez, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
La defensa del exgobernador, encabezada por el abogado penalista Luis Gustavo Moreno, vocero de la familia Gómez, niega cualquier responsabilidad en estos hechos y pide que se respete la presunción de inocencia. «Un hallazgo en su celda, un teléfono celular, no le atribuyen necesariamente la autoría o participación en este hecho gravísimo y lamentable que debe ser investigado. No lo podemos tomar como un chivo expiatorio», afirmó Moreno. Agregó que el exgobernador y su familia «no son responsables ni tienen nada que ver con estos nefastos y lamentables hechos que deben ser sancionados. Un llamado a la cordura, un llamado a que se respeten los derechos del privado y la libertad, pero también que se establezca la responsabilidad de los determinadores de este atentado».
Cabe señalar que el traslado no ha sido confirmado oficialmente por la familia ni por la defensa. Fuentes cercanas al abogado indicaron que no hay confirmación del movimiento, mientras que el propio Moreno envió un mensaje al presidente De la Espriella recordando su trayectoria como abogado litigante que siempre defendió la presunción de inocencia. La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días las autoridades definan la situación jurídica del exgobernador en relación con estos nuevos señalamientos.
