Amaranta Hank, ex actriz de cine para adultos, activista y candidata al Senado por el Pacto Histórico, afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro no ha logrado garantizar derechos a las trabajadoras sexuales y propuso una regulación que brinde dignidad y garantías a estas profesionales en todas las modalidades de su labor. Las declaraciones surgieron durante una entrevista concedida a Caracol Radio, en medio de su campaña y de la postura pública que ha defendido para ampliar la protección social, la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales en Colombia.
Hank puso sobre la mesa cifras que contextualizan el tema: en un sector que incluye desde modelos de webcam hasta trabajadoras en la calle, se estima que la actividad mueve cerca de 1.500 millones de dólares al año y que, en distintos perfiles, aproximadamente 500.000 mujeres ejercen estas labores. A la vez subrayó la ausencia de registros oficiales que permitan dimensionar con precisión la cantidad de personas afectadas y las condiciones laborales, un vacío que, a su juicio, dificulta la formulación de políticas eficaces. Aunque señalan avances simbólicos como la creación, dentro del Ministerio de la Igualdad, de la Dirección para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, Hank señaló que la ejecución de esa iniciativa no se ha podido completar y que, por ello, persisten vacíos en derechos, salud y seguridad para la población trabajadora.
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La activista ha centrado su discurso en visibilizar la violencia que enfrentan estas trabajadoras y en exigir una alternativa regulatoria para la actividad, a la vez que denuncia lo que considera un doble discurso en la izquierda y entre distintos sectores feministas sobre la garantía de derechos. En su diagnóstico, la regulación no solo serviría para proteger a las trabajadoras, sino también para encauzar prácticas que hoy conviven en la informalidad y que enfrentan estigmas sociales que dificultan su reinserción laboral a largo plazo. Hank subraya que la diversidad de perfiles entre las trabajadoras sexuales—desde jóvenes recién graduadas y madres cuidadoras, hasta mujeres mayores y estudiantes que migran hacia la creación de contenidos—refuerza la necesidad de una regulación que atienda sus realidades y riesgos.
«Esos casos podríamos prevenirlos o evitarlos si tuviéramos una regulación de las actividades sexuales pagas en el país, para brindarles dignidad y garantías a esas mujeres, por lo menos, que están ejerciendo en todas las modalidades» — Amaranta Hank
«Puntualmente, a las mujeres en actividades sexuales pagas, lo intentó, tuvimos una gran esperanza. El presidente ha sido la primera persona que se ha referido públicamente a esto y de la importancia de poder hacerlo, y creó esta oficina dentro del Ministerio de la Igualdad, que, que se llama Dirección para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, pero como bien sabemos, pues no se ha podido ejecutar en su totalidad» — Amaranta Hank
«Muchas ramas de la izquierda, incluso de feminismos, no están de acuerdo con que se le brinden garantías para las trabajadoras sexuales. Ellas lo que piensan es que se, se acabe, se prohíba por completo la prostitución, que sería una cosa utópica y que se convertiría más bien como en una persecución hacia las trabajadoras sexuales» — Amaranta Hank
La noticia, que llega en un momento en que la campaña de Hank busca consolidar su mensaje en defensa de derechos, salud y seguridad para este grupo de trabajadoras, abre un debate público sobre regulación frente a prohibición y pone a prueba la efectividad de las políticas del Ministerio de la Igualdad. En ese marco, su posición añade un elemento crítico a la conversación sobre cómo avanzar en una política de derechos laborales para un sector históricamente marginado y, al mismo tiempo, cómo gestionar el estigma social que complica la reinserción de estas mujeres en otros ámbitos laborales.
