El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por un patrón de amenazas, hostigamientos y torturas contra beneficiarios de la reforma agraria, al tiempo que cuestionó la transparencia del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Harman afirmó que sectores cercanos al presidente electo buscan “devolver la tierra de la mafia”, en referencia a las críticas contra el convenio entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La denuncia documenta amenazas de muerte, agresiones físicas y psicológicas, así como secuestros, en regiones como Sucre, Cesar, Magdalena, Santander, Atlántico, Bolívar, Meta, Córdoba, Caquetá y Putumayo, con el objetivo de desplazar a las familias que recibieron adjudicaciones de tierras, especialmente aquellas vinculadas al acuerdo ANT-SAE, que compromete más de 200 fincas que pertenecieron al narcotráfico y a grupos armados ilegales.
El convenio ANT-SAE y la respuesta del director
Harman explicó que el convenio fue pagado en su totalidad para proteger los predios entregados a los campesinos, quienes inicialmente no contaban con escrituras, lo que generó críticas por la falta de respaldo jurídico. Sin embargo, el director de la ANT defendió la medida, asegurando que “si hubiera una decisión judicial de que se devuelva una finca a algún alias, no se le devuelve la finca, sino la plata del valor del predio”.
«Para nadie es un secreto que este convenio compromete a más de 200 fincas de la mafia. Ojalá lo que realmente no esconda esta denuncia sea la intención de sectores asociados, cercanos al círculo del nuevo gobierno, de devolver la tierra de la mafia que nosotros recuperamos»
Felipe Harman, director de la ANT
Harman también vinculó a los hijos del exjefe paramilitar alias Barbie, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, como socios del presidente electo Abelardo de la Espriella en la producción y distribución del ron Defensor. Según el director de la ANT, el abogado del mandatario electo radicó una denuncia contra el acuerdo ANT-SAE con el propósito de deslegitimarlo, lo que evidenciaría los intereses de sectores cercanos al nuevo gobierno por recuperar las tierras entregadas a los campesinos.
«Seguían explotando la tierra sin pagarle un arriendo al Estado colombiano. A esa gente nosotros la desalojamos. La decisión de pagar el convenio es proteger el convenio de cualquier intención de resorte judicial. Si hubiera una decisión judicial de que se devuelva una finca a algún alias, no se le devuelve la finca, sino la plata del valor del predio»
Felipe Harman, director de la ANT
Regiones afectadas y llamados internacionales
Los casos de intimidación se han incrementado en los últimos meses, especialmente en territorios donde avanza la adjudicación de tierras a campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas. Un ejemplo es el predio intervenido en Becerril, Cesar, que perteneció a alias Barbie, donde la ANT ha enfrentado resistencia. Ante esta situación, la agencia solicitó a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos monitorear los hechos, en busca de protección urgente para líderes y familias amenazadas. La denuncia ante la Fiscalía busca que se investiguen los hechos y se brinde protección a los beneficiarios de la reforma agraria, en un contexto donde el proceso de redistribución de tierras enfrenta desafíos tanto judiciales como de seguridad. Mientras tanto, Harman insistió en que su gestión continuará defendiendo la reforma agraria frente a lo que considera intentos de revertir los avances logrados.
