En Colombia, el Código Civil establece plazos estrictos para que los herederos y beneficiarios con vocación hereditaria reclamen inmuebles registrados a nombre de propietarios fallecidos, otorgando un máximo de diez años desde el fallecimiento o la apertura de un testamento, mientras que para los herederos putativos el término se reduce a cinco años, bajo el riesgo de que la propiedad prescriba por usucapión a favor de terceros. Este proceso sucesorio es esencial para regularizar la titularidad de predios que permanecen inscritos a nombre de personas difuntas en diversas regiones del país, afectando derechos de familias enteras si no se actúa a tiempo.
Especialistas en derecho sucesorio y abogados consultados por Caracol Radio explican que la falta de información sobre los herederos o el aplazamiento voluntario del trámite son las principales causas por las que muchos inmuebles no se actualizan en los registros. El procedimiento inicia con la presentación de documentos clave en una notaría si hay consenso entre las partes, o ante un juzgado de familia en caso de desacuerdos, requiriendo el registro civil de defunción, escrituras públicas, certificados de libertad y tradición, así como registros civiles que acrediten el parentesco.
Consecuencias de la inacción y beneficios de la regularización
Durante la espera del proceso sucesorio, los herederos mantienen derechos expectantes sobre los bienes, incluyendo la posibilidad de solicitar frutos como los arriendos generados, y los inmuebles no se consideran abandonados legalmente. Sin embargo, una vez transcurridos los plazos de diez años para herederos ordinarios o cinco para putativos, terceros podrían adquirir la propiedad por usucapión, dejando sin herencia a los legítimos beneficiarios. La regularización, por el contrario, habilita la venta, hipoteca o incluso la incorporación al patrimonio familiar, protegiendo así el legado de los fallecidos.
Esta normativa subraya la importancia de actuar con prontitud en materia sucesoria, evitando complicaciones futuras para las familias colombianas que, en muchas ocasiones, posponen estos trámites por desconocimiento o complejidades administrativas.
