El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Hernán Muriel, se pronunció este 19 de mayo de 2026 para responder a la controversia generada por un grafiti pintado en un muro público de Llanogrande, Antioquia, cerca de la finca del expresidente Álvaro Uribe. La obra, que llevaba la leyenda “7.837 almas que no te dejan dormir”, provocó la reacción del exmandatario, quien llegó al lugar con una brocha y cubrió el mural mientras confrontaba a los manifestantes. Muriel, quien lideró el acto junto a activistas y colectivos sociales, aclaró en sus redes sociales que la intervención nunca hizo referencia directa a Uribe ni a su familia, sino que buscaba rendir homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz en el Caso 03.
El grafiti fue pintado en la vía pública, a más de un kilómetro de la propiedad familiar de Uribe, y aludía a las 7.837 almas de los falsos positivos, crímenes de Estado perpetrados entre 2002 y 2008 durante el gobierno del entonces presidente. Durante el altercado, Uribe exclamó “Primero me tienen que matar”, mientras que un acompañante de los manifestantes portaba lo que parecía un arma cortopunzante. Además, el cabildante del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez Puerta —conocido como “el concejal del bate”— y el excandidato David Toledo intentaron confrontar físicamente a los pintores del mural. Muriel sostuvo que la intervención fue coordinada con las autoridades y que se trató de un acto de pedagogía de la memoria.
“Nunca hacía referencia directa a Uribe, mucho menos a su familia. Revisen la pintura antes de que fuera destruida… A lo que sí hacía referencia era a las 7.837 víctimas de los Falsos Positivos, crimen atroz de Estado que se perpetró en el Gobierno Uribe”.
Hernán Muriel, representante a la Cámara por el Pacto Histórico
Reacciones políticas cruzadas
El incidente rápidamente escaló al terreno político. La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, calificó el acto como un hostigamiento contra los hogares de quienes piensan distinto y señaló al Pacto Histórico y al senador Iván Cepeda como responsables de esa dinámica. En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenaron la pintura como una provocación inaceptable. Desde la orilla opuesta, el presidente Gustavo Petro defendió el grafiti como un ejercicio legítimo de memoria y arte libre, afirmando que “recordar a las víctimas y hacer memoria sobre los jóvenes asesinados por la fuerza pública a través del arte libre no representa ninguna amenaza y es un derecho”.
“Qué doloroso ver un país donde los adversarios políticos terminan hostigando los hogares de quienes piensan distinto. Ese es el país que representa el Pacto Histórico y encarna Iván Cepeda”.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático
El peso de las cifras de la JEP
El número 7.837 que aparecía en el mural no es casual: corresponde a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas por la JEP en el Caso 03, con mayor incidencia entre 2002 y 2008, justo durante el primer mandato de Álvaro Uribe. Para Muriel, la disputa va más allá del grafiti: “El mural fue un acto de pedagogía de la memoria. La disputa es por la justicia de los crímenes de Estado”. La polarización que envuelve este episodio refleja las profundas divisiones que persisten en Colombia en torno a la interpretación del conflicto armado y la responsabilidad de los distintos gobiernos en las violaciones de derechos humanos.
