Un juez de la República condenó a 32 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 7 años y agredió físicamente a su compañera sentimental, hechos ocurridos en una finca ubicada en la vereda El Alto Encanto del municipio de Acevedo, Huila, entre marzo y abril de 2020. La sentencia, que quedó en firme el martes 18 de agosto de 2026, fue emitida por un juzgado de conocimiento tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que acreditaron los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, todos en su modalidad agravada.
Según la investigación, el agresor sometió a la menor a vejámenes físicos y psicológicos: la golpeaba con mangueras y lazos, la obligaba a permanecer encerrada en el baño durante horas y a dormir allí, y la violentó sexualmente de manera reiterada. Cuando la madre de la niña intentó defenderla, el hombre la atacó con un elemento cortocontundente, propinándole una puñalada, y la sometió a expresiones humillantes, intimidatorias y degradantes. El fallo incluyó la orden de captura inmediata del sentenciado, debido al alto riesgo que representa para la víctima y para otros menores de edad.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recordó, en el marco de este caso, que la denuncia es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos. En un comunicado, la entidad señaló:
«Así los hechos hayan ocurrido hace mucho tiempo, o no haya pruebas o testigos, el niño, niña o adolescente tiene derecho a la atención de urgencias por parte del sector salud, a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación pertinente, y a que el niño, niña o adolescente reciba protección y atención por parte del ICBF. El silencio o la negligencia van en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes».
ICBF
Para facilitar las denuncias, las autoridades cuentan con canales especializados. La ciudadanía puede acudir al ICBF, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional o a las comisarías de familia. Además, está disponible la línea gratuita nacional 018000112440, donde se brinda orientación y atención inmediata a víctimas de violencia sexual.
La Ley 1146 de 2007 define la violencia sexual como todo acto en el que una persona obliga a otra a realizar conductas sexuales en contra de su voluntad, mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la coerción o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. El abuso infantil, como el registrado en este caso, deja profundas heridas emocionales y psicológicas que requieren acompañamiento profesional y redes de apoyo. La condena de 32 años impuesta por el juez constituye un mensaje contundente contra la impunidad en delitos que afectan a los menores de edad en el departamento del Huila.
