El Gobierno de Gustavo Petro habría adelantado una maratónica firma de contratos horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, una acción que la Representante a la Cámara Katherine Miranda calificó como una «bofetada» a la transparencia, señalando que las firmas habrían ocurrido entre el 1 y el 7 de noviembre, justo antes de que la ley entrara en vigencia el sábado 8 de noviembre.
Según Miranda y el Concejal de Bogotá Daniel Briceño, el análisis de montos indica que se suscribieron contratos interadministrativos y convenios en menos de 24 horas, con cifras que superan el umbral de lo esperado para ese periodo de transición. En total, entre el 1 y el 7 de noviembre se formalizaron convenios y contratos por 2.109.485.280.348 pesos, mientras que la suma de la semana previa a la vigencia de la ley alcanzaría los 9 billones de pesos; cifras que, según las autoras y autores de las denuncias, evidencian una gestión acelerada de recursos públicos en un marco de restricción contractual por la Ley de Garantías.
Los montos y reparticiones clave de los acuerdos previos a la Ley de Garantías
Las cifras muestran que el mayor monto se concentra en el Ministerio del Trabajo, con 775.096 millones de pesos; le sigue el Interior con 211.662 millones; las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones alcanzaron 170.460 millones; la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró 170.093 millones y la Agencia de Desarrollo Rural, 87.667 millones. En cuanto al número de convenios, Interior contabilizó hasta 52, mientras que Minas y Energía, la ANH y Salud figuran entre 4 y 10 convenios cada uno. Estas cifras, señalan Miranda y Briceño, evidencian una dispersión de fondos y una priorización del gasto en un periodo que debiera estar regido por las restricciones de la Ley de Garantías.
«Mientras los colombianos confiamos en que se cumpla la ley, el Gobierno sigue firmando contratos a toda marcha, pasando por encima de la Ley de Garantías» – Katherine Miranda, Representante a la Cámara
«Que Colombia sepa que una semana antes de empezar la ley de garantías, el flamante gobierno de Gustavo Petro firmó contratos de las administrativas por nueve billones de pesos. ¡Nueve billones de pesos en contratos firmados una semana antes de la ley de garantías!» – Katherine Miranda, Representante a la Cámara
«La plata de los colombianos no puede verse como un botín de campaña del Pacto Histórico. Yo llamo a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría para que prendan las alarmas» – Katherine Miranda, Representante a la Cámara
«Entre el 1 el 7 de noviembre antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías el gobierno Petro firmó convenios interadministrativos por $2,1 billones. Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general. ¿Dónde está la Contraloría?» – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá
Este contexto se nutre de antecedentes que rodean a la Ley de Garantías, la cual impone restricciones a la contratación pública durante periodos previos a procesos electorales y de transición. La noticia cobra relevancia ante las denuncias de funcionarios opositores que señalan firmas de contratos en la víspera de la vigencia de la norma, acompañadas de cifras sustantivas que, para Miranda y Briceño, merecen una revisión exhaustiva por parte de los órganos de control. El debate apunta a la transparencia en el uso de recursos públicos en un periodo sensible de transición institucional y podría activar investigaciones o revisiones administrativas.
Detrás de los datos hay una distribución sectorial que abarca áreas como trabajo, interior, tecnología, desarrollo rural, minas y energía, transporte, salud, defensa y ambiente, con la participación de agencias y fondos relevantes como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Adaptación y la Dirección de Cárceles. Briceño advierte sobre una dispersión de fondos y una priorización del gasto que, en su visión, apunta a objetivos múltiples y a una asignación acelerada de recursos que requieren escrutinio por parte de los organismos de control para determinar su ajuste a la Ley de Garantías y a las normas de contratación pública.
En síntesis, la polémica centra el eje de la transparencia en el manejo de recursos en un periodo de transición, con un llamado explícito a contralorías y fiscalías para esclarecer si estas operaciones estuvieron alineadas con las restricciones legales y si hubo indicios de uso político de recursos públicos en la víspera de una reforma normativa que regula la contratación durante campañas y cambios de etapa institucional.
