Human Rights Watch ha calificado el año 2025 como la crisis humanitaria más grave de la década en Colombia, marcada por el recrudecimiento de la violencia armada que ha generado desplazamientos masivos, confinamientos y el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto tras un atentado en Bogotá dos meses antes, en la antesala de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y las presidenciales del 31 de mayo del mismo año, con posible segunda vuelta el 21 de junio.
Esta escalada de abusos por parte de grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc del Frente 33 y el Clan del Golfo se concentra especialmente en regiones como el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, donde campañas violentas con combates, amenazas, reclutamiento forzado y el uso de drones cargados con explosivos buscan mantener el control territorial ligado a economías ilegales como la minería y el narcotráfico, a pesar del acuerdo de paz de 2016.
Cifras que evidencian la magnitud de la tragedia
Entre enero y agosto de 2025, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró más de 137.000 personas en confinamiento, mientras que en el Catatumbo se desplazaron más de 64.000 según Human Rights Watch y Ocha; a nivel nacional, los desplazamientos superaron las 79.500 personas, un aumento del 53% respecto a 2024. La Defensoría del Pueblo reportó 625 casos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes en 2024, con un incremento del 81% frente a 2023 y una tendencia al alza en 2025 según HRW y la ONU; además, 544 civiles murieron o resultaron heridos por explosivos en el mismo periodo, un 145% más que en 2024. Desde 2016, al menos 1.500 líderes sociales han sido asesinados, con solo el 16,5% de condenas judiciales, y se han emitido amenazas a derechos civiles y políticos en 224 municipios, en un contexto de pobreza multidimensional que afecta al 24,4% de la población en municipios prioritarios en 2024.
«Los abusos cometidos por los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia»
Human Rights Watch
Resurgimiento de la violencia pese a la «paz total»
Este resurgimiento de la violencia ocurre a pesar de la política de «paz total» impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, con deficiencias estatales en la protección, asistencia humanitaria y desmantelamiento de grupos armados, así como avances limitados en la Jurisdicción Especial para la Paz y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. La Justicia Especial para la Paz ha iniciado los primeros juicios y sentencias contra exmiembros de las Farc y el Ejército por crímenes de lesa humanidad y de guerra, aunque con apelaciones por deficiencias en las sanciones. La violencia también golpea a defensores de derechos humanos, mujeres, indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGBT, lo que ha generado advertencias de la ONU, el Parlamento Europeo y el Servicio Europeo de Acción Exterior sobre los riesgos para el proceso electoral de 2026 y la participación democrática.
Human Rights Watch alerta que esta crisis amenaza la estabilidad del país de cara a las elecciones de 2026, subrayando la urgente necesidad de fortalecer la presencia estatal y la justicia para proteger a las víctimas y garantizar un futuro sin terror armado.
