Human Rights Watch publicó este 5 de diciembre de 2025 un informe que alerta sobre cómo los grupos armados en Putumayo, una región fronteriza con Perú y Ecuador, están aprovechando las negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro para fortalecer su control territorial y agravar los abusos contra la población civil. Organizaciones como los Comandos de la Frontera (Cneb) y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, imponen reglas estrictas que incluyen asesinatos, reclutamiento de menores, confinamientos, multas abusivas, trabajos forzados y la obligación de plantar coca, según testimonios recolectados por la ONG durante una visita en septiembre de 2025 a la zona.
El informe de la organización se basa en relatos anónimos de víctimas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y funcionarios gubernamentales, quienes temen represalias por hablar abiertamente. Putumayo, la segunda región con mayor producción de hoja de coca en Colombia solo superada por Nariño, se ha convertido en un territorio estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal, donde la ausencia estatal durante las negociaciones ha permitido que estos grupos profundicen su dominio. Un caso emblemático es el asesinato de Jhon Fredy Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Guzmán, ocurrido el 7 de septiembre de 2025, presuntamente ligado a sus actividades en conversaciones de paz, así como el arresto de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el 13 de febrero de 2025.
Negociaciones de paz como escudo para abusos
En el contexto de los diálogos, los Comandos de la Frontera en el sur y el Frente Raúl Reyes del Estado Mayor Central de las disidencias de Calarcá en el norte mantienen mesas de conversación con el Gobierno, mientras que el Frente Carolina Ramírez participó entre noviembre de 2023 y abril de 2024 pero ya no lo hace. Aunque en algunas mesas se han alcanzado acuerdos para destruir armas y sustituir cultivos de coca, los grupos armados siguen cometiendo violaciones sistemáticas, obligando a las comunidades a asistir a reuniones de paz, eventos sociales y protestas alineadas con sus intereses, prohibiendo manifestaciones contra empresas petroleras y forzando apoyo a los diálogos del Cneb e incluso a la liberación de alias Araña.
“Aunque en algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, Comandos de la Frontera, y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez (disidencias de las Farc de alias Calarcá) siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona”
Human Rights Watch, informe
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, enfatizó la urgencia de la situación al explicar que los grupos armados utilizan las negociaciones como una oportunidad para reforzar su control sobre la población, imponiendo reglas que castigan severamente a quienes las desobedecen, especialmente mientras los diálogos se centran en la reducción de cultivos de coca.
“Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población (…) mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen”
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch
La publicación de este informe revive el debate sobre la efectividad de la política de paz total del Gobierno Petro en zonas como Putumayo, donde la falta de una estrategia integral de justicia y seguridad deja vulnerables a las comunidades, en particular a los pueblos indígenas. Human Rights Watch urge al Ejecutivo a implementar medidas inmediatas para proteger a la población y contrarrestar estos abusos que socavan cualquier avance en los procesos de diálogo.
“El Gobierno debe abordar urgentemente la situación de Putumayo e implementar una estrategia sólida de justicia y seguridad para proteger a la población, en particular a los pueblos indígenas”
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch
