Human Rights Watch (HRW) instó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a implementar una política integral de seguridad y justicia para frenar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia. La solicitud está contenida en un informe de 124 páginas que documenta el aumento sostenido de esta violación desde 2021, basado en datos oficiales de la Defensoría del Pueblo y trabajo de campo. La organización advierte que las deficiencias abarcan prevención, protección, rescate, recuperación y reintegración, así como la judicialización de los responsables.
De acuerdo con el análisis de HRW, al menos 1.500 menores han sido reclutados desde 2021, con una concentración alarmante en el departamento del Cauca, donde se registra más de la mitad de los casos. Casi la mitad de los niños y niñas afectados pertenecen a comunidades indígenas, que representan apenas el 4% de la población colombiana. Además, más del 30% de los menores identificados tenían entre 10 y 14 años. La impunidad es casi absoluta: apenas el 1% de las denuncias por reclutamiento ha dado lugar a una investigación penal en la última década, y solo el 0,2% ha terminado en condena, la mayoría contra autores materiales y no contra los máximos responsables.
Política desactualizada y atención fragmentada
El informe señala que Colombia cuenta desde 2018 con una Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, pero HRW la considera desactualizada, sin plan de acción ni presupuesto específico. La Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA) carece de capacidad ejecutiva y recursos suficientes para implementar la política a nivel local. A esto se suma una grave contradicción en la atención: los menores reclutados por grupos considerados partes del conflicto armado acceden a un programa especializado con derecho a reparaciones, mientras que los utilizados por grupos delictivos organizados pueden ser procesados penalmente o enviados a un programa común para víctimas de abuso.
Ante la falta de mecanismos estatales eficaces, organizaciones comunitarias como las guardias indígenas han asumido la protección y rescate de menores, pero algunos de sus integrantes han sido asesinados en represalia. HRW pide que las instituciones encargadas de prevenir y responder al reclutamiento, especialmente a nivel municipal, cuenten con suficientes recursos y personal, y que se apoye y colabore con las organizaciones indígenas y líderes comunitarios. La organización también advierte que los esfuerzos de recuperación y reintegración no se han adaptado a las nuevas realidades de la violencia en Colombia.
El informe se publica al inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, quien debe definir las prioridades en seguridad y derechos humanos. HRW considera que la adopción de una política integral es urgente para proteger a la infancia y adolescencia colombiana, especialmente en regiones como el Cauca, donde el conflicto armado golpea con mayor dureza a los más vulnerables.
