El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) adjudicó contratos de servicio de vigilancia y seguridad privada para las macroregiones 1, 2, 3, 4 y 5 de Colombia mediante pujas simbólicas de un solo dólar en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), un mecanismo que ha generado múltiples denuncias por posibles irregularidades en el proceso. Estas adjudicaciones se realizaron a través de sociedades comisionistas como Comiagro, que manejó las macroregiones 1, 2 y 4, y otra entidad similar para las macroregiones 3 y 5, en lugar de seguir el procedimiento estándar de licitación pública establecido por Colombia Compra Eficiente.
En el proceso llevado a cabo en la BMC, participaron 95 empresas de vigilancia, tanto individuales como en uniones temporales, de las cuales 41 radicaron los documentos necesarios, incluyendo más de 14 en la región con menor número de participantes. La puja simbólica de un dólar permitió la adjudicación de estos servicios críticos, cuyos precios están regulados por ley, aunque la subasta abrió la puerta a ofertas adicionales como medios tecnológicos a costo simbólico. La BMC, por su parte, se encarga de filtrar las empresas para asegurar el cumplimiento de requisitos técnicos, según explicaron sus directivas.
Cuestionamientos a la transparencia y competencia
La denuncia pública ha puesto en tela de juicio la transparencia del mecanismo utilizado por el Icbf, entidad responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes en el país, ya que los contratos de vigilancia deben adjudicarse por licitación pública de acuerdo con la sentencia C-231 de 2025 de la Corte Constitucional y la Sentencia 17805 de 2020 del Consejo de Estado. Sectores especializados en contratación pública y organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre la falta de competencia genuina en un servicio tan crítico como la seguridad, argumentando que el proceso contravendría la normativa vigente de Colombia Compra Eficiente.
“diseñado para que las entidades públicas de cualquier nivel, del nivel central, del nivel territorial, de alcaldías, gobernaciones, secretarías, puedan ir a hacer sus compras, de bienes o servicios de características técnicas uniformes”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
Frente a las críticas, las representantes de la BMC defendieron el procedimiento. María Inés Agudelo Valencia, su presidenta, enfatizó que la bolsa está pensada para compras uniformes de entidades públicas y que garantiza anonimato en las transacciones, donde el comprador no sabe quién vende, pero el vendedor sí identifica al comprador.
“Lo más importante que hace la bolsa es que llegamos a la rueda en donde el comprador, o sea, la entidad pública, no sabe quién le está vendiendo, pero el vendedor sí sabe a quién le va a comprar”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC, destacó la participación masiva y la competencia real en todas las regiones, asegurando que no se permiten direccionamientos y que cualquier requisito irregular se frena de inmediato.
“En esta operación, particularmente, tuvimos 95 empresas de vigilancia, individuales y en uniones temporales, y básicamente, 41 radicaron documentos”
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC
“En realidad, sí hay competencia, porque se presentaron más de 14 empresas en la región con menos participantes”
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC
“Nosotros no permitimos direccionamiento… si hay algún requisito raro, lo frenamos en seco”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
Comiagro, la comisionista involucrada en tres de las macroregiones, es una compañía de la BMC enfocada en soluciones financieras para los sectores agropecuario y agroindustrial, lo que añade un matiz al uso de este intermediario en contratos de seguridad. Mientras las autoridades investigan las denuncias, el caso reaviva el debate sobre la eficiencia y legalidad de mecanismos alternativos en la contratación estatal para servicios esenciales.
