El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) adjudicó contratos para el servicio de vigilancia y seguridad privada en sus macroregiones 1, 2 y 4 a la comisionista Comiagro, mediante un proceso de puja simbólica por solo un peso en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), lo que ha desatado denuncias de irregularidades por no haberse realizado a través de una licitación pública. Este mecanismo, utilizado también para las macroregiones 3 y 5 con otra entidad comisionista, ha sido cuestionado por sectores de la contratación pública y la sociedad civil, que señalan falta de transparencia en un servicio sensible destinado a proteger a niños, niñas y adolescentes, población a cargo del Icbf.
El proceso se llevó a cabo en la BMC, entidad que administra mercados organizados para la compra y venta de bienes o servicios de características técnicas uniformes, donde participaron 95 empresas de vigilancia, tanto individuales como en uniones temporales, de las cuales 41 radicaron los documentos necesarios. Incluso en la región con menos participantes se presentaron más de 14 empresas, según detallaron las directivas de la bolsa. La puja simbólica por un peso no incluyó evaluación de propuestas técnicas ni comparación de precios, ya que el servicio de vigilancia tiene tarifas reguladas por ley, permitiendo ofertas adicionales como medios tecnológicos también por un peso.
Defensa del mecanismo de la Bolsa Mercantil
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la BMC, defendió el sistema al explicar que está diseñado para que entidades públicas de cualquier nivel, desde el central hasta territoriales como alcaldías y gobernaciones, realicen compras de bienes o servicios uniformes. Agregó que en la rueda de negociación el comprador, en este caso el Icbf, no sabe quién le vende, pero el vendedor sí conoce al comprador, garantizando anonimato y competencia.
«Lo más importante que hace la bolsa es que llegamos a la rueda en donde el comprador, o sea, la entidad pública, no sabe quién le está vendiendo, pero el vendedor sí sabe a quién le va a comprar.»
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC, resaltó la participación masiva en esta operación particular y enfatizó la existencia de competencia real, incluso en zonas con menor interés. Agudelo Valencia también aseguró que la bolsa no permite direccionamiento y frena en seco cualquier requisito irregular.
«En esta operación, particularmente, tuvimos 95 empresas de vigilancia, individuales y en uniones temporales, y básicamente, 41 radicaron documentos.»
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC
Cuestionamientos legales y de idoneidad
Las denuncias públicas destacan que, según Colombia Compra Eficiente (CCE) y fallos del Consejo de Estado como las sentencias C-231 de 2025 y 17805 de 2020, los servicios de vigilancia con tarifas reguladas requieren licitación pública, no un mecanismo como la puja simbólica de la BMC. Comiagro, enfocada en soluciones financieras para los sectores agropecuario y agroindustrial, actuó como comisionista en las macroregiones adjudicadas, avivando dudas sobre la idoneidad del proceso para un servicio crítico en la protección infantil. Estos cuestionamientos subrayan la necesidad de mayor transparencia en contratos que involucran la seguridad de la niñez colombiana.
