El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) adjudicó contratos para el servicio de vigilancia y seguridad privada en las macroregiones 1, 2, 3, 4 y 5 de Colombia mediante una puja simbólica de un solo dólar en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), lo que ha desatado denuncias de irregularidades por parte de sectores de la contratación pública y la sociedad civil, al cuestionar la ausencia de una licitación pública tradicional que garantice competencia genuina y transparencia.
En este proceso, Comiagro, comisionista de la BMC especializada en soluciones financieras para los sectores agropecuario y agroindustrial, se encargó de las macroregiones 1, 2 y 4, mientras que otra entidad comisionista asumió las 3 y 5. La puja, regulada por ley en tarifas para estos servicios críticos, permitió a las empresas oferentes incluir adicionales como medios tecnológicos también por un dólar simbólico, instruyendo a las comisionistas para realizar ofertas mínimas y así adjudicar a los proponentes seleccionados previamente.
Defensa de la BMC ante las críticas
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la BMC, defendió el mecanismo al explicar que está diseñado para que entidades públicas de cualquier nivel, desde el central hasta territoriales como alcaldías y gobernaciones, realicen compras de bienes o servicios de características técnicas uniformes. Agregó que lo más importante es que el comprador, en este caso el Icbf, no sabe quién le está vendiendo, pero el vendedor sí sabe a quién le va a comprar, promoviendo así anonimato y equidad.
“Nosotros no permitimos direccionamiento… si hay algún requisito raro, lo frenamos en seco”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC, resaltó la participación masiva en la operación, con 95 empresas de vigilancia, tanto individuales como en uniones temporales, de las cuales 41 radicaron los documentos requeridos. En la región con menos proponentes, aún se presentaron más de 14 empresas, lo que según ella evidencia competencia real.
“En realidad, sí hay competencia, porque se presentaron más de 14 empresas en la región con menos participantes”
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC
Estas adjudicaciones ocurren en un contexto donde el Icbf, entidad dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes, maneja servicios de vigilancia como área crítica con tarifas reguladas. Sin embargo, Colombia Compra Eficiente (CCE) en la sentencia C-231 de 2025 y el Consejo de Estado en la Sentencia 17805 de 2020 han recomendado licitaciones públicas para estos contratos, priorizando no solo el precio sino la evaluación de calidad, lo que alimenta las denuncias por presunta falta de transparencia y competencia auténtica en el uso de la bolsa mercantil.
