La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, anunció este miércoles una serie de alternativas para restablecer la atención de 3.000 niños en Antioquia, luego de que el servicio en hogares infantiles fuera suspendido desde el lunes 2 de noviembre por problemas de contratación. La situación, que afecta también a 300 madres comunitarias sin contrato, llevó a la funcionaria a ofrecer nuevos acuerdos con operadores seleccionados, al tiempo que denunció presiones sindicales que estarían bloqueando la firma de los mismos.
Según explicó Restrepo, los traumatismos en los trámites de contratación se originaron tras el vencimiento de los acuerdos con los operadores anteriores, lo que dejó a los menores sin los paquetes de alimentación diaria y a las trabajadoras sin su sustento laboral. La directora aseguró que los nuevos operadores, escogidos por el ICBF conforme a los procedimientos establecidos, han manifestado su disposición de contratar a las madres comunitarias, y pidió a las trabajadoras aceptar las ofertas para garantizar la continuidad del servicio. «Queremos darles tranquilidad a las madres comunitarias y a las familias de Antioquia. Esa oportunidad existe y es importante que ellas la conozcan directamente, con información clara sobre las condiciones y el respeto de sus derechos laborales», señaló Restrepo en un comunicado oficial.
Denuncias del concejal y presiones sindicales
La emergencia social fue alertada por el concejal de Medellín Jorge Julián Osorio, quien a través de sus plataformas digitales publicó un video en el que solicitó la intervención del presidente y de la directora del ICBF. «En Antioquia, 3.000 niños beneficiarios del Icbf se quedaron sin alimentación, 300 madres comunitarias sin contrato; esta es una problemática social muy grande, necesitamos una rápida intervención. No podemos dejar a la niñez de Antioquia a la deriva», declaró el cabildante, quien pidió hacer una «urgente intervención» para resolver el cierre de los hogares.
En respuesta, la directora del ICBF advirtió que se ha recibido información preocupante sobre posibles presiones desde el sindicato a las madres comunitarias para que rechacen los nuevos contratos. «Nos preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación. Si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y al mismo tiempo promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando», manifestó Restrepo, quien invitó a la dirigencia sindical a explicar públicamente la situación.
«Presidente, directora del Icbf, necesitamos su apoyo»
Jorge Julián Osorio, concejal de Medellín
Restrepo fue enfática al señalar que la selección de los operadores es competencia exclusiva de la administración nacional y que, aunque las madres comunitarias y sus organizaciones tienen derecho a expresar sus inquietudes, «eso no significa que puedan imponer al operador o condicionar las decisiones de contratación de la entidad». La funcionaria también reveló que el ICBF investiga presuntas solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones durante el cierre del servicio. «Hemos recibido reportes sobre solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones; estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones. Invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al Icbf para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan», advirtió Restrepo.
El ICBF confirmó que mantendrá mesas de trabajo directas en sus sedes regionales para formalizar los contratos y verificar los compromisos logísticos de los operadores, en un intento por restablecer la atención a los menores lo antes posible. «Vamos a mantener un diálogo directo con las madres comunitarias, escuchar sus preocupaciones y exigir al operador el cumplimiento de sus obligaciones. Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias y tomar las decisiones del Instituto con transparencia, sin ceder a presiones», concluyó Restrepo.
