El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) pidió al Congreso no aprobar el Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria, advirtiendo que su artículo 9 pone en riesgo la independencia judicial, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad privada. El ICP comunicó su posición a través de un comunicado oficial y lanzó un video difundido en sus redes oficiales para enfatizar el llamado urgente dirigido a la plenaria del Congreso de la República en Colombia. No se especifica una fecha para la decisión, pero el gesto quedó patente como una alerta institucional frente a un tema de alta repercusión jurídica y social.
La organización señala que entre las referencias involucradas en su denuncia figuran el propio artículo 9 del proyecto, además del espíritu de la Constitución Nacional, en particular el artículo 58, y las normativas y marcos que regulan la propiedad rural en Colombia, como el Decreto Ley 902 de 2017 y el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. En ese marco, el ICP sostiene que la iniciativa podría reducir de forma automática el control judicial en procesos agrarios y, por ende, debilitar contrapesos institucionales, con un posible concentrado poder en el Ejecutivo. La entidad también exige que el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) rindan cuentas sobre el cumplimiento de las disposiciones de la norma y la gestión de los procesos judiciales agrarios.
Declaraciones y advertencias del ICP
«suprime ese control en casos como la recuperación, reversión o revocatoria de baldíos, la condición resolutoria y la caducidad administrativa, y solo lo mantiene si hay oposición del afectado en los procesos de clarificación de la propiedad y deslinde de tierras» — ICP
«elimina una garantía esencial del debido proceso que protege a los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias» — ICP
«no existen fundamentos que justifiquen su eliminación o restricción, pues el Gobierno no ha demostrado que la intervención judicial obstaculice los procesos agrarios» — ICP
«No se corrige la ineficiencia del Estado suprimiendo la justicia» — ICP
«Cuando el Ejecutivo asume el papel de juez y parte, se rompe el límite entre la administración y la justicia» — Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP
«La independencia judicial no es un obstáculo, es la garantía de que el poder se ejerce dentro de la ley» — Carlos Augusto Chacón
«en ejercicio de su función de control político, rechace la aprobación del Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria, en especial su artículo 9, y exija rendición de cuentas al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre el cumplimiento del Decreto Ley 902 de 2017 y la gestión de los procesos judiciales agrarios» — Carlos Augusto Chacón
«Desde el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga, hacemos un llamado a la plenaria de la Cámara de Representantes para que no apruebe como está planteado el artículo nueve del proyecto de ley de competencias de la jurisdicción agraria, con el cual se eliminaría la fase judicial en los procesos agrarios» — Hernán Echavarría Olózaga
«con esto se ponen en riesgo las garantías procesales, se vacía de funciones a la rama judicial y se le entregan competencias excesivas a la ANT en estos procesos. Además, se pone en riesgo el derecho de propiedad protegido en el artículo cincuenta y ocho de la Constitución Nacional» — Hernán Echavarría Olózaga
«el Gobierno ha intentado deliberada y sistemáticamente eliminar la fase judicial, primero con el artículo sesenta y uno del Plan Nacional de Desarrollo, luego con la demanda que ha interpuesto el director de la ANT ante la Corte Constitucional y ahora con este proyecto de ley» — Hernán Echavarría Olózaga
«No pueden privar a los colombianos de las garantías procesales frente a los procesos agrarios. Tienen una responsabilidad con el país. Pregúntele a la ANT cuántas demandas han presentado y se darán cuenta que no existe justificación para eliminar la fase judicial» — Hernán Echavarría Olózaga
En el marco de este contexto, el ICP recuerda que, según la Corte Constitucional, las decisiones que afecten la propiedad rural deben seguir siendo competencia de los jueces y no de autoridades administrativas. La narrativa del instituto se centra en identificar un patrón de intentos por eliminar la fase judicial en los procesos agrarios, lo que, de concretarse, podría traducirse en mayor inseguridad jurídica, conflictos por la tierra, desincentivo a la inversión en el campo y erosión de la confianza en el Estado de derecho. Las partes involucradas señaladas por el ICP incluyen al Ejecutivo, la ANT, el Ministerio de Agricultura y el Congreso de la República, con una relación directa con el Decreto Ley 902 de 2017 y el Plan Nacional de Desarrollo como marco de análisis y confrontación institucional.
Se difundió un video en las redes oficiales del ICP en el que el director ejecutivo, Carlos Augusto Chacón, y el portavoz Hernán Echavarría Olózaga expresan sus posiciones a favor de mantener la fase judicial en los procesos agrarios y de exigir responsabilidades a las instituciones involucradas. El ICP subraya que la independencia judicial es una garantía para que el poder se ejerza dentro de la ley y no como un mecanismo de control discrecional por parte del Ejecutivo.
En síntesis, el llamado del ICP no solo se dirige a frenar un artículo específico, sino a sostener un marco institucional en el que la jurisdicción agraria preserve su capacidad de revisión judicial y de salvaguardar derechos fundamentales frente a movimientos de corte administrativo que podrían debilitar el equilibrio entre las ramas del poder y la seguridad jurídica de los colombianos.
