La JEP identifica a una quinta víctima entre restos hallados en La Escombrera, Medellín
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este martes que se determinó la identidad de una quinta víctima entre los restos recuperados en el sitio conocido como La Escombrera, ubicado en la Comuna 13 de Medellín, tras un año de labores periciales en la zona.
Según constancias judiciales, la víctima fue una joven de 17 años; su desaparición ocurrió el 24 de agosto de 2002 cuando viajaba en un autobús con destino al Hospital de San Cristóbal para ser ingresada por un cuadro de inanición.
Las pesquisas apuntan a la posible participación de integrantes del Bloque Cacique Nutibara, vinculado a antiguas estructuras paramilitares, en la desaparición de la adolescente.
La identificación se logró gracias a la labor del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF), adscrito a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
“Este hallazgo fortalece la entrega digna de los restos a las familias y avanza las diligencias de verdad y reparación”
Portavoz de la JEP
El cuerpo fue localizado el 15 de julio y, tras un examen detallado en Medicina Legal, se confirmó plenamente la identidad de la joven.
Este avance permitirá efectuar la entrega de los restos a sus familiares, quienes llevaban más de dos décadas esperando respuestas sobre el paradero de la menor.
Las acciones forenses en la Comuna 13 forman parte del Subcaso Antioquia, vinculado al Caso 08 de la JEP, cuyo objetivo es documentar desapariciones forzadas y otros crímenes atribuidos tanto a fuerzas estatales como a sus aliados en grupos paramilitares.
La Escombrera se consolidó como un foco judicial ante las denuncias continuas de familias que señalaban ese lugar como una fosa destinada a ocultar víctimas durante operaciones militares y acciones paramilitares ocurridas en 2002.
Además de identificar cuerpos, desde diciembre de 2024 la JEP acompaña a víctimas y a organizaciones en actos conmemorativos vinculados a estos hallazgos, visibilizando el dolor y la lucha por verdad y justicia.
El descubrimiento de los primeros cuerpos en diciembre validó las denuncias de larga data presentadas por las familias buscadoras, que nunca abandonaron el impulso público por una intervención estatal en la zona.
