El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, bajo la dirección de Orlando Molano, abrió una subasta pública para el uso temporal de 21 predios demolidos ubicados en la carrera Séptima, entre las calles 24 y 99. Esta iniciativa busca el aprovechamiento económico temporal de estos espacios mediante contratos de tres años prorrogables hasta el inicio de las obras viales definitivas, con el fin de prevenir ocupaciones ilegales, vandalismo, inseguridad e invasiones, al tiempo que se mejora el paisaje urbano y la percepción de seguridad en la zona.
El proceso de selección pública se realiza a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), con el código IDU-IP-DTAI-001-2026, y opera bajo una subasta al alza a partir del precio base establecido por avalúos de renta. Las propuestas podrán presentarse hasta el 23 de febrero de 2026, mientras que la licitación para las obras definitivas está programada para finales de 2027. Estos 21 predios, agrupados en 14 lotes, han sido adquiridos, demolidos, cercados y vigilados tras dos años de reglamentación y metodología, marcando la primera habilitación de este tipo de aprovechamiento económico temporal.
Usos autorizados y beneficios para la ciudad
Personas naturales o jurídicas, ya sea de manera individual, en consorcio o uniones temporales, podrán participar ofreciendo actividades de comercio y servicios permitidos, como restaurantes, cafés o containers comerciales acordes con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Los recursos generados se destinarán al mejoramiento del espacio público, optimizando el entorno urbano y generando fondos adicionales para la ciudad hasta la ejecución de las obras viales.
Otra intervención paralela del IDU
En paralelo, el IDU tomó posesión de la obra en la avenida Francisco Miranda, correspondiente a la calle 45 entre las carreras Séptima y Quinta, debido al incumplimiento del consorcio Belzcon S.A.S., que solo había ejecutado el 43,39 por ciento del avance. Como consecuencia, se aplicaron sanciones que incluyen una cláusula penal por 4.716.072.356 pesos y una multa de 606.411.000 pesos, mientras que el proceso de caducidad del contrato se encuentra en etapa probatoria pendiente de un recurso de reposición.
Esta serie de acciones del IDU refleja un esfuerzo integral por recuperar y valorizar espacios urbanos clave en Bogotá, asegurando su conservación y aprovechamiento responsable en espera de las grandes intervenciones viales planeadas.
