La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado a Alexander Díaz Calarcá, también conocido como Díaz Mendoza, quien funge como máximo comandante del ‘bloque Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc. La imputación, que se realizó en su condición de persona ausente durante una audiencia celebrada en un juzgado de Villavicencio, Meta, lo señala como responsable intelectual del asesinato de al menos siete militares en hechos ocurridos en zona rural de San José del Guaviare. La decisión judicial se tomó luego de que se validara en segunda instancia el edicto emplazatorio, al comprobarse que Díaz Calarcá no compareció al proceso pese a los reiterados intentos de notificación.
Durante la diligencia, el fiscal del caso explicó que la responsabilidad de alias Calarcá no se limita a una acción directa, ya que, en su calidad de comandante del bloque armado, no requería ser el ejecutor material del crimen para conservar el dominio del hecho, pues la acción fue realizada por integrantes subordinadas del ‘frente Isaías Carvajal’. Este razonamiento jurídico permitió imputarle el delito de homicidio agravado, al que se suma el cargo de concierto para delinquir agravado, por su presunta participación en actividades criminales que incluyen el uso de armas sin permiso y su vinculación con una caravana de la Unidad Nacional de Protección en Antioquia.
El juez del caso destacó en su fallo las dificultades para notificar al procesado, señalando que el Alto Comisionado de Paz, con quien al parecer se adelantan conversaciones o acuerdos de paz y reconciliación, informó reiteradamente que no es de su función la notificación judicial, que no dispone de canales institucionales para trasladar citaciones a miembros de estructuras armadas ni posee información actualizada de datos de contacto del indiciado. Ante este panorama, el juez consideró suficientes las gestiones de búsqueda realizadas por la Fiscalía, que incluyeron consultas en la Registraduría, el Inpec, el Sisbén y labores de policía judicial, allanando el camino para la declaración oficial de persona ausente.
El ultimátum del presidente electo y el contexto de la Paz Total
Este proceso judicial se da en un escenario de alta tensión política y de seguridad. Alias Calarcá se había sumado a la política de Paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, lo que le había valido la suspensión de órdenes de captura para facilitar eventuales negociaciones. Sin embargo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó al presidente Petro que desde 2024, alias Calarcá habría continuado delinquiendo pese a su inclusión en ese proceso de paz, lo que derivó en la reactivación de las acciones judiciales en su contra.
En paralelo, el presidente electo Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, lanzó un contundente ultimátum que involucra directamente a Díaz Calarcá y a otros cinco cabecillas de grupos armados. En su declaración, De la Espriella afirmó que «la única paz es la que se impone con armas y con el sometimiento de la justicia», y dio un plazo de una semana para que los líderes del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo se entreguen a las autoridades.
«Tienen ya menos de una semana para entregarse, bandido que no se someta lo vamos a darle baja, Están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la fuerza pública».
Abelardo de la Espriella, presidente electo (movimiento Defensores de la Patria)
El ultimátum de De la Espriella también menciona a otros cabecillas como Luciano Vargas, alias Flaco, del ELN; Luis Alfredo Urbano, alias el Pastuso o Mariscal, de las disidencias; Cristian Alexis Rocha Ordóñez, alias Sergio Carvajal, del frente Darío Gutiérrez; y Hugo Gómez, alias Hugo Huguito o Vinagre, del Clan del Golfo. La advertencia del presidente electo endurece el panorama para estos grupos, que ahora enfrentan no solo la acción de la justicia ordinaria sino una amenaza explícita de ser neutralizados por la fuerza pública si no se someten en el plazo estipulado. La imputación contra Alexander Díaz Calarcá se convierte así en un hito que refleja el complejo entramado entre los procesos de paz, la judicialización de cabecillas y las nuevas dinámicas de seguridad que se avecinan en el país.
