La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por trata de personas agravada a tres personas, dos hermanos de nacionalidad venezolana y la madre de una adolescente de 16 años, señalados de explotar sexualmente a dos mujeres —la menor y una joven de 19 años— en un estudio clandestino de transmisiones sexuales en vivo que funcionó entre agosto y octubre de 2025 en Villa del Rosario, Norte de Santander, en la zona de frontera con Venezuela. Los procesados son Carlos Alberto Colina Herrera, Carlos José Colina Herrera y la madre de la víctima menor de edad, quienes rechazaron los cargos durante la audiencia de imputación.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Seccional de Norte de Santander, el esquema delictivo operaba en un inmueble adaptado como estudio de transmisiones en línea, donde las víctimas eran obligadas a cumplir horarios estrictos y a atender las solicitudes de usuarios de plataformas digitales. Los administradores imponían multas para incrementar los ingresos, que se recibían en dólares a través de las mismas plataformas. La adolescente de 16 años fue contactada mediante una red social, donde le ofrecieron trabajo en una página web con pagos por porcentaje según la actividad sexual realizada. Una vez en el lugar, la menor debía pagar multas si no cumplía con las exigencias.
El rol de los implicados en la red de explotación
Según la fiscal asignada al caso, Carlos Alberto Colina Herrera fue identificado por las víctimas como uno de los directores del estudio, además de suministrar útiles de aseo para el funcionamiento del inmueble. “Acogió y recibió a las mujeres que realizaban las transmisiones, facilitó su explotación y participó en la administración y supervisión del establecimiento”, señaló la representante del ente acusador. Por su parte, la madre de la adolescente, quien permanecía en el lugar de las transmisiones, es señalada de haber facilitado y permitido la permanencia de su hija en ese entorno, favoreciendo la continuidad de la explotación sexual a diario. La fiscal indicó que la madre “tenía conocimiento de las condiciones en que su hija realizaba el contenido sexual”.
“Fue contactada a través de una plataforma y recibió ofrecimientos para trabajar en una página web, con pagos monetarios por porcentajes según la actividad sexual realizada en las plataformas virtuales. A cambio debía pagar algunas multas”.
Fiscal asignada al expediente
El delito de trata de personas agravada, al tratarse de una víctima menor de edad, conlleva penas superiores a 23 años de prisión. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural —es decir, cárcel— para los tres procesados, quienes rechazaron los señalamientos durante la audiencia. Este caso, que tiene lugar en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, expone una vez más la vulnerabilidad de mujeres jóvenes frente a redes de explotación sexual que utilizan las plataformas digitales para operar de manera clandestina.
