La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por tráfico de influencias contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, acusado de favorecer a Juan Guillermo Mancera en la adjudicación del proyecto de regasificación Chuchupa Ballena LNG, valorado en 150 millones de dólares, a través de instrucciones dadas a Luis Enrique Rojas, presidente de la filial Jocol de Ecopetrol. La audiencia se llevó a cabo el 11 de marzo, y durante el proceso se revelaron detalles sobre la supuesta intervención indebida en el período comprendido entre agosto de 2024 y enero de 2025, donde Roa habría utilizado su posición de poder para otorgar ventajas contractuales a la empresa ligada a Mancera, quien también está vinculado a operaciones inmobiliarias.
Además de los señalamientos por el manejo del contrato en la filial Hocol o Jocol, la imputación destapó la posesión de siete propiedades de lujo por parte de Roa Barragán, ubicadas en zonas exclusivas como Chicó, Rosales y El Nogal en Bogotá, así como en el norte de Cartagena. Entre ellas destaca el apartamento 901 del edificio Entre Parques en Bogotá, valorado en 2.727 millones de pesos y adquirido por solo 1.800 millones, lo que representa un descuento del 34% equivalente a 927 millones de pesos, supuestamente mediante facilidades de pago a través de sociedades y terceros.
Detalles de la audiencia y defensa
La fiscal Luz Adriana Camargo presentó los argumentos durante la audiencia del 11 de marzo, destacando el posible compromiso en el desempeño como funcionario público de Roa, quien asumió la presidencia de Ecopetrol antes de algunas de estas compras inmobiliarias. El juez suspendió la diligencia para revisar observaciones de la defensa, por lo que la reanudación de las audiencias queda pendiente. La compra del apartamento mencionado ocurrió antes de que Roa tomara las riendas de la petrolera estatal, y la adjudicación del proyecto se dirigió a la empresa de Mancera en la filial Jocol.
“La instrucción dada a Luis Enrique Rojas, presidente de la filial, configuraría un manejo indebido de la posición de poder”
Fiscal Luz Adriana Camargo, durante la audiencia
La defensa de Ricardo Roa, a cargo del abogado Juan David León, cuestionó la relación penal entre las transacciones inmobiliarias y los hechos relacionados con el contrato, argumentando que no existe vínculo delictivo directo. A pesar de ello, los cuestionamientos persisten sobre el uso del cargo para beneficiar a terceros, lo que podría derivar en mayores implicaciones para el directivo de Ecopetrol y sus allegados en el sector energético e inmobiliario.
“Comprar un apartamento de manera lícita no constituye delito alguno”
Juan David León, abogado defensor de Ricardo Roa
Este caso pone en el ojo público la gestión de contratos millonarios en Ecopetrol y genera interrogantes sobre la transparencia en adjudicaciones de proyectos estratégicos como Chuchupa Ballena LNG, mientras la Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer si hubo un tráfico de influencias que afectó el interés público.
