El Gobierno de Colombia habría negado el ingreso al país al abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a Diego Marín, alias Papá Pitufo, y la inadmisión quedó documentada en un acta oficial, un hecho que ha generado inquietud en distintos sectores de la política y la seguridad nacional. Según documentos migratorios disponibles y reportes periodísticos, la medida se apoyó en la evidencia de un proceso administrativo que culminó con la decisión de impedir la entrada del jurista al territorio colombiano.
La secuencia de hechos señala que la decisión se tomó tras una reunión en España entre un representante de la UIAF y Diego Marín, y que posteriormente se llevó a cabo una reunión institucional en la Casa de Nariño. En ese marco, Boye quedaría fuera del país y la inadmisión estaría respaldada por el acta correspondiente. En este entramado también figura la proximidad de Xavier Vendrell a la primera dama Verónica Alcocer, así como el rol de la UIAF, encargada de vigilar movimientos que podrían afectar la seguridad nacional, y la eventual participación de Isaac de León Beltrán Pacheco, exagente de la UIAF, en las reuniones previas a la decisión.
Entre los antecedentes relevantes se destaca que Boye ha ejercido la defensa de personas vinculadas a investigaciones de alto perfil, y que la cercanía de Vendrell con la primera dama ha alimentado las preguntas sobre posibles canales de coordinación entre autoridades y asesores extranjeros. En este marco, la UIAF se presenta como un observador de movimientos sensibles, lo que añade un eje de vigilancia a las gestiones migratorias y a la actividad de la Casa de Nariño, sede del Gobierno de Gustavo Petro.
El Tiempo accedió a la firma de Boye y al acta de inadmisión, documentos que confirman la actuación de las autoridades migratorias. Además, Isaac de León Beltrán Pacheco, exagente de la UIAF, habría participado en las reuniones previas a la decisión, lo que fortalece la lectura de un proceso con múltiples actores y capas de influencia que atraviesan el mundo jurídico, los servicios de inteligencia y los círculos cercanos a la presidencia.
La noticia plantea preguntas sobre el alcance de la colaboración entre organismos de inteligencia y el entorno presidencial, así como sobre los límites de la coordinación entre autoridades y actores internacionales. En un contexto de creciente atención mediática, el caso sugiere la necesidad de transparencia y escrutinio sobre las relaciones entre abogados de alto perfil, asesores extranjeros y funcionarios públicos en una coyuntura marcada por debates sobre seguridad y control migratorio.
La secuencia de reuniones y su alcance
La cadena de eventos describe una reunión inicial en España entre un representante de UIAF y Diego Marín, seguida de una cita institucional en la Casa de Nariño que dio lugar a la inadmisión de Boye, documentada en el acta correspondiente. Este desarrollo, respaldado por la firma de Boye y el acta de inadmisión, sugiere una coordinación entre la autoridad migratoria y otros actores estatales ante un tema sensible para la seguridad nacional y el entorno de la primera dama.
«La información disponible se apoya en documentos oficiales y en reportes de campo.» – Redacción de La Veintitrés Manizales
Con todo, el caso deja al descubierto una red de relaciones entre abogados, asesores internacionales y funcionarios cercanos al poder, que alimenta el debate sobre los límites y alcances de la cooperación entre entidades estatales y los actores vinculados a la presidencia, especialmente en torno a movimientos que requieren vigilancia por parte de UIAF y otros órganos de seguridad.
