Un incendio desencadenado por un enfrentamiento entre bandas criminales arrasó el Centro de Atención Transitorio (CAT) Marte, en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, forzando el traslado de emergencia de 376 personas privadas de la libertad. Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2026, en medio de la compleja atención que las autoridades ya estaban brindando al terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se registró en San José del Palmar, Chocó. El siniestro, provocado durante un enfrentamiento entre Los Shottas y Los Espartanos, dejó un saldo devastador de cuatro fallecidos, dos heridos de gravedad y la destrucción total de aproximadamente el 90% de la infraestructura del centro carcelario, incluyendo el colapso del techo.
Las autoridades desplegaron un operativo de urgencia para garantizar la seguridad de los reclusos y de la ciudadanía. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó la magnitud de la tragedia al afirmar que “quedó completamente destruida esa cárcel provisional que había en el distrito”. El traslado de los 376 sindicados se realizó con el apoyo articulado de la Policía, el Ejército, el Inpec, la Gobernación y el Ministerio de Justicia, coordinados desde el mismo momento de la emergencia. En una primera fase, se confirmó que 160 reclusos fueron movilizados a otros centros penitenciarios para evitar fugas y contener la violencia en el municipio.
Coordinación interinstitucional en medio de la crisis
El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, explicó que, aunque la custodia y administración del CAT Marte no depende del Inpec ni de su cartera, desde el Gobierno Nacional se activaron todas las medidas para apoyar la contingencia. “Desde la Cartera hemos coordinado acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca para el traslado seguro de las personas privadas de la libertad”, señaló Cancino, quien también indicó que por razones de seguridad no podía precisar detalles del procedimiento adelantado, aunque confirmó que las personas fueron atendidas y que la situación se está resolviendo.
El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, detalló que entre los internos también había señalados de pertenecer a la banda criminal Los Chiquillos, lo que añade una capa de complejidad a la ya tensa situación en el puerto. La gobernadora Toro, por su parte, destacó la urgencia de la intervención: “Por eso hicimos contacto con el señor ministro de Justicia, el doctor Cancino, para que nos pueda apoyar con el Inpec y poder trasladar a todas estas personas que se encuentran en esta cárcel y así de esa manera no generar de pronto algún problema de violencia en el municipio de Buenaventura. Él se comprometió y estamos en esa búsqueda, muy colaboradores el Gobierno Nacional, el ministro de Justicia, para poder lograr que podamos trasladar a estas personas”.
“Aunque la custodia y administración del Centro de Atención Transitorio Marte no depende del Inpec ni del Ministerio de Justicia, desde la Cartera hemos coordinado acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca para el traslado seguro de las personas privadas de la libertad.”
Iván Cancino, ministro de Justicia y del Derecho
El incendio se desató justo cuando las autoridades estaban volcadas a atender las réplicas y los daños del terremoto matutino, lo que obligó a un despliegue simultáneo de recursos. La comandante de la Policía Metropolitana del Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, formó parte del comité de crisis que, desde la noche del 10 de agosto, mantiene la situación bajo control con la presencia de la Procuraduría, la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo. El objetivo central, según informaron las autoridades, es garantizar la atención médica de los heridos y asegurar que no se produzcan fugas que pongan en riesgo a la comunidad. La destrucción del CAT Marte deja en evidencia la fragilidad de los centros de reclusión transitoria en zonas de alta conflictividad criminal, en un contexto de emergencia natural y violencia urbana que puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado.
