El ministro de Agricultura designado por el nuevo gobierno, Indalecio Dangond, se pronunció en contra del Decreto 765 de 2026, expedido por la administración de Gustavo Petro, al considerar que la medida acelera la entrega de predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sin garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos de las víctimas. A través de un comunicado oficial, Dangond advirtió que el decreto, que permite transferir bienes rurales incluso con procesos de extinción de dominio en curso, representa un «atajo jurídico» que el gobierno entrante revisará de fondo para asegurar que la reforma agraria se construya sobre bases legales sólidas.
La controversia surgió luego de que el gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Agricultura encabezado por Martha Carvajalino, expidiera el decreto con el argumento de que corresponde al Estado adoptar mecanismos jurídicos e institucionales que garanticen una eficiente administración de los bienes administrados por la SAE, procurando su utilización para fines de interés público. La normativa se apoya en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, y establece un procedimiento expedito de transferencia, saneamiento registral e inscripción, incluso sin entrega física o material de los predios, lo que ha generado alertas entre juristas y sectores políticos sobre las posibles consecuencias legales y sociales.
Dangond advierte sobre riesgos para las víctimas y la legalidad
El próximo jefe de la cartera agropecuaria fue contundente al señalar que el decreto pasa por encima de la seguridad jurídica y de las víctimas. «El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas», afirmó Dangond, dejando claro que la reforma agraria no debe avanzar a costa de atropellos legales. Según juristas consultados por la revista Semana, el decreto supone un cambio de lógica en la administración de activos, pues permite a la ANT recibir predios en cualquier etapa judicial de extinción de dominio, lo que podría reducir la disponibilidad de bienes destinados a la reparación de víctimas en el futuro, aunque la norma preserva las medidas cautelares de procesos de Justicia y Paz y restitución de tierras.
El pronunciamiento de Dangond, difundido por la plataforma «Defensores de la Patria», se da en un momento clave de transición de gobierno, lo que indica un posible freno al actual proceso de entrega de tierras. El gobierno entrante ha anunciado que revisará el alcance del Decreto 765 de 2026 para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica, en medio de un debate que enfrenta dos visiones sobre cómo debe ejecutarse la reforma agraria en el país.
«Corresponde al Estado adoptar mecanismos jurídicos e institucionales que garanticen una eficiente administración de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., procurando su utilización para fines de interés público…»
Ministerio de Agricultura, en la consideración del decreto
