En lo que va de 2026, Colombia ha registrado 55 asesinatos de líderes sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), lo que equivale a un crimen cada 48 horas. Entre las víctimas más recientes se encuentran Sandra Nogales, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas en Bello, Antioquia, quien fue asesinada por sicarios en vía pública el 5 de mayo, y Alejandro Caicedo Gavilán, secretario general del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado en Palmira, que falleció el 7 de mayo tras más de tres meses hospitalizado por un atentado sufrido en diciembre de 2025. Estos homicidios reflejan una tendencia alarmante que se agrava en el periodo electoral, impulsada por el control territorial de estructuras armadas y economías criminales, junto con la falta de protección estatal efectiva.
El mes de abril fue el más violento con 19 líderes sociales asesinados, seguido de febrero con 14, marzo con 9 y enero con 10 casos. En total, durante la temporada electoral se han contabilizado 22 homicidios, incluyendo los dos primeros días de mayo. Los perfiles de las víctimas son variados: 13 líderes comunales, 11 dirigentes políticos, 9 comunitarios, 5 ambientalistas, 5 indígenas, 4 sindicalistas, 4 agrarios, 2 campesinos y un reclamante de tierras. Otras víctimas reportadas incluyen a William López, Guillermo Pérez, Teodoro Gamboa, Diego Dorado, Patricia Mosquera y Luis Eduardo Álvarez, lo que genera alarma en organizaciones de derechos humanos por la insuficiencia de esquemas de protección individual.
Víctimas que defendían su comunidad
Sandra Nogales, de 40 años dedicada a gestionar beneficios comunitarios, fue atacada en Bello, dejando herido a su esposo, un pensionado de Inpec. Por su parte, Alejandro Caicedo Gavilán resistió más de tres meses en hospitalización antes de sucumbir al atentado en Palmira. Estos casos ilustran cómo los líderes son blanco por defender procesos sociales en medio de la estigmatización y una alta tasa de impunidad que facilita las acciones violentas de grupos armados ilegales.
Alertas desde Indepaz
Leonardo González Perafán, director de Indepaz, ha denunciado la gravedad de la situación, destacando que la cifra de 55 asesinatos se alcanza antes de la mitad del año, convirtiéndolo en noticia urgente por los homicidios recientes de mayo.
“Hay una ausencia de mecanismos de protección válidos y efectivos por parte del Gobierno”
Leonardo González Perafán, director de Indepaz
“A ellos no los matan por servir, sino por defender un proceso. Lo que hay que hacer es garantizar los procesos sociales”
Leonardo González Perafán, director de Indepaz
“La estigmatización es la que justifica la violencia contra los líderes sociales y, además, si a esto le sumamos la alta tasa de impunidad, es mucho más fácil para los violentos ejercer estas acciones”
Leonardo González Perafán, director de Indepaz
“va en contra de los intereses de las comunidades y, por supuesto, de los líderes”
Leonardo González Perafán, director de Indepaz (sobre régimen ilegal de grupos armados)
Esta escalada desde inicios de 2026 subraya la necesidad urgente de medidas estatales que contrarresten el régimen ilegal de los grupos armados, protejan a las comunidades y rompan el ciclo de impunidad que amenaza la democracia y los derechos humanos en Colombia.
