Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, presentado por la decana Lorena Gutiérrez, propone cinco caminos estratégicos para acelerar el descenso de la inflación en Colombia, que en junio de 2026 alcanzó el 6,14 por ciento anual, su nivel más alto desde julio de 2024. El estudio, difundido en el marco de la transición de gobierno que culminará el próximo 7 de agosto, plantea que la política monetaria por sí sola es insuficiente para contener el alza de precios y sugiere intervenciones coordinadas en materia fiscal, de oferta y de credibilidad institucional.
Según el documento, la tasa de interés de referencia del Banco de la República, actualmente en el 12 por ciento, tiene efectos limitados sobre factores estructurales como los contratos de arrendamiento, la oferta de gas, el estado de las vías rurales o el déficit fiscal. “La tasa de interés no perdió su capacidad de combatir la inflación, pero está trabajando con una mano atada. Lo que no puede hacer es reescribir contratos de arrendamiento, ampliar la oferta de gas, reparar vías rurales o corregir el déficit público”, señaló Lorena Gutiérrez. La decana también comparó la situación con dos conductores pisando pedales opuestos: “El Banco de la República frena mediante una tasa de 12 por ciento, mientras el déficit fiscal mantiene acelerada parte de la demanda agregada”.
Las cinco vías para enfriar los precios
El primer camino propuesto es la revisión gradual de los mecanismos de actualización automática que afectan arriendos, matrículas y el salario mínimo. El informe advierte que el incremento del salario mínimo para 2026, fijado en 23,7 por ciento, supera el referente técnico de inflación más productividad y puede trasladarse a contratos y servicios. Una corrección en este frente podría reducir la inflación de 2027 entre 0,8 y 1,3 puntos porcentuales. La segunda alternativa es un ajuste fiscal de entre 1,5 y 2 por ciento del PIB a partir de 2027, dado que el déficit fiscal estimado para 2026 es de 6,7 por ciento del PIB y la deuda neta alcanza el 60,3 por ciento, según el escenario base del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
El tercer camino se centra en mejorar la oferta de alimentos, cuya inflación anual llegó al 6,83 por ciento en junio. El informe detalla que frutas frescas subieron 23,27 por ciento y la carne de res, 14,27 por ciento, mientras que el arroz y la carne de cerdo registraron caídas del 6,82 y 6,74 por ciento, respectivamente. Las medidas planteadas incluyen reducciones temporales de aranceles para fertilizantes e insumos, creación de corredores logísticos para perecederos, información anticipada de cosechas y mecanismos de importación de emergencia con reglas claras, con un efecto esperado en un plazo de dos a nueve meses. La cuarta vía consiste en coordinar y escalonar los precios regulados de transporte, energía, gas y combustibles, evitando que suban al mismo tiempo. El transporte urbano, por ejemplo, registró un aumento anual del 10,64 por ciento, que aportó 0,51 puntos porcentuales a la inflación total. La mejor programación de estas tarifas podría generar un alivio de 0,4 a 0,8 puntos porcentuales durante doce meses. Finalmente, el quinto punto exige señales de credibilidad fiscal e institucional por parte del nuevo gobierno, que asume el 7 de agosto, mediante tres acciones prioritarias: presentar un presupuesto para 2027 con ingresos realistas, adoptar un criterio técnico para el próximo aumento del salario mínimo y respetar la autonomía del Banco de la República.
“La imagen más clara es la de dos conductores pisando pedales opuestos: el Banco de la República frena mediante una tasa de 12%, mientras el déficit fiscal mantiene acelerada parte de la demanda agregada”.
Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura
El informe proyecta que, si se aplican estas medidas con señales creíbles, la inflación para 2027 podría ubicarse entre el 3,8 y el 4,2 por ciento. En cambio, sin esas señales, el rango se elevaría a entre 5,2 y 5,8 por ciento. Colombia cumple seis años sin alcanzar la meta de inflación anual del Banco de la República, y el contexto energético agrega presión: las reservas probadas de gas cerraron 2025 en 1.717 gigapies cúbicos, una caída del 17 por ciento interanual, equivalentes a solo 5,9 años de producción, lo que podría aumentar la dependencia de importaciones y presionar las tarifas. El estudio de la Universidad de San Buenaventura subraya que la complejidad del problema inflacionario requiere una respuesta integral que trascienda la política monetaria y aborde las rigideces estructurales de la economía colombiana.
