Un informe de inteligencia filtrado en las últimas horas desvirtúa la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, al concluir que el principal testigo de la acusación, un hacker que había sido presentado como prueba central, no entregó elementos concretos que respalden las afirmaciones del mandatario. El documento, conocido este 16 de julio por El País América Colombia, fue elaborado por un técnico en informática adscrito a una entidad oficial y señala que el informático se limitó a afirmar que había visto resultados cargados en el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil antes de los comicios y alegó interceptaciones con el software Pegasus, sin aportar evidencia verificable.
Petro ha sostenido en los últimos días que el fraude se orquestó mediante algoritmos operados desde California por la empresa israelí Black Cube y utilizando la nube de Google, señalando que los datos electorales pasaron por un intermediario privado antes de llegar a la Registraduría. En sus declaraciones públicas del 14 y 15 de julio, el jefe de Estado cifró en aproximadamente 880.000 los votos que, según su versión, serían irregulares, y puso el foco en el consulado colombiano en Los Ángeles, California, donde aseguró que no se entregó el escrutinio de claveros en el exterior porque “ahí está el fraude”. Sin embargo, el informe de inteligencia precisa que solo un organismo de inteligencia reconoció posibles vulneraciones en credenciales del sistema, pero aclaró que no se detectó alteración en el conteo de votos, y las entidades de control —Fiscalía, Policía, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones— no respaldan las acusaciones presidenciales.
El técnico que participó en la investigación describió la situación del hacker en términos contundentes: “Nos decía que llevaba cuatro días trabajando en consolidar las pruebas, pero que su familia corría peligro y al final no entregó nada”. Por su parte, un oficial involucrado en el operativo electoral afirmó al mismo diario que “la inteligencia del Estado tiene el deber de velar también por la jornada electoral y no tenemos indicios de irregularidades en ninguna de las dos jornadas”. Petro, en un consejo de ministros el 14 de julio, fue enfático al declarar: “En el consulado de Los Ángeles no entregaron el escrutinio de claveros en el exterior porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente ni darle la mano el 7 de agosto porque eso es un fraude”.
Reacciones políticas y consecuencias jurídicas
Las denuncias presidenciales han desencadenado una crisis política en plena transición de mando. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, suspendió de inmediato el proceso de empalme y acusó a Petro de intentar un golpe de Estado, mientras que el Pacto Histórico, a través del exmagistrado Luis Guillermo Pérez, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular el resultado electoral y una medida cautelar que impida la posesión de De la Espriella, programada para el 7 de agosto. De prosperar la acción, la presidencia interina quedaría en manos del presidente del Senado que resulte electo el próximo 20 de julio, fecha en la que se instala el nuevo Congreso y para la cual Petro ya convocó movilizaciones ciudadanas, así como para el 6 de agosto, último día de su mandato.
En el entorno del presidente circulan versiones que buscan explicar su insistencia en el supuesto fraude. Una fuente cercana al mandatario, que pidió no ser identificada, aseguró: “Cuando el presidente habla es porque hay gato encerrado. No ha presentado las denuncias porque está manteniendo la tensión en la opinión pública, pero las tiene y las va a ir publicando. Tiene, en particular, una prueba reina”. En contraste, una persona del entorno más cercano a Petro ofreció una lectura pragmática: “Al presidente le preocupa más lo que pueda venir después del 7 de agosto que lo que pase con las elecciones”. Petro ha expresado en redes sociales su temor a ser procesado o extraditado tras perder la inmunidad presidencial y ha denunciado que sectores vinculados a De la Espriella promoverían esa alternativa, mientras en la Casa de Nariño circulan versiones sobre un supuesto plan para encarcelarlo, sin que se conozcan detalles sobre su origen o avance. El mandatario, además, pidió a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, que asumiera personalmente las denuncias penales que anunció para este 16 de julio, en medio de un clima de creciente tensión institucional.
