El Ministerio del Trabajo aclaró este miércoles 5 de agosto su rol en la investigación por acoso sexual y laboral contra el periodista Jorge Alfredo Vargas, al tiempo que Caracol Televisión anunció un paquete de reformas internas tras recibir el informe de una comisión especial independiente. El ministro Antonio Sanguino, a través de un reporte difundido por Caracol Radio, explicó que la cartera se limitó a recaudar pruebas documentales y testimoniales durante inspecciones realizadas en las instalaciones del canal, y que luego las puso a disposición de la Fiscalía por orden judicial. «Nosotros como Ministerio del Trabajo compulsamos copias a la Fiscalía de la prueba documental, esto es, hoja de vida de llamados de atención de los presuntos victimarios y documentos que la misma Caracol entregó en donde consta la denuncia de las víctimas», señaló el reporte ministerial. «Posteriormente, la Fiscalía hace una inspección judicial en las instalaciones del Ministerio del Trabajo y se lleva físicamente la prueba recaudada en las inspecciones que considera pertinente para continuar la investigación en Fiscalía. Nosotros, en esta diligencia, hacemos solo una entrega formal de lo recaudado en nuestras inspecciones».
La controversia se originó por denuncias de presunto acoso sexual y laboral contra Vargas, figura emblemática de Caracol. Hace cuatro meses, la cadena creó una Comisión Especial Independiente para revisar dinámicas internas y escuchar testimonios. El informe de dicha comisión, recibido el 5 de agosto, identificó «conductas incompatibles con los principios de respeto, dignidad y convivencia», según lo expresó el presidente del canal, Gonzalo Córdoba Mallarino, en una intervención dirigida a todos los colaboradores esa misma mañana. «Hace cuatro meses asumimos un compromiso que iba mucho más allá de revisar procedimientos o adoptar nuevas políticas. Asumimos el compromiso de escucharnos con honestidad, de aprender con humildad y de actuar con responsabilidad frente a una situación que nos obligó a mirarnos con espíritu crítico y a preguntarnos qué debíamos hacer para ser una mejor organización», afirmó Córdoba.
Dos miradas sobre el manejo de la información
Mientras el Ministerio del Trabajo insiste en que toda la prueba está bajo reserva legal y que no declara víctimas, Caracol Televisión cuestionó filtraciones y el uso de material audiovisual durante las inspecciones. En una carta fechada el 14 de abril de 2026, el canal expresó su preocupación porque los funcionarios del Ministerio «realizaron videos y fotografías de funcionarios de Caracol sin haber solicitado la autorización de datos personales correspondiente, rebasando el ejercicio de sus funciones y el objeto de la inspección». La misiva, firmada por la dirección jurídica del canal, exigió cesar el uso de dichas imágenes de acuerdo con la ley de habeas data. Además, Caracol advirtió que la información recopilada debe tratarse con sujeción al principio de confidencialidad «para mantener la confianza en el proceso de denuncia, prevenir la revictimización y la afectación del ambiente laboral de los denunciantes».
«En lo que respecta a la información recopilada en la visita y el acta resultante de la misma, la entidad debe tener presente que su contenido, así como el de cualquier denuncia recibida por el ministerio, debe tratarse con sujeción al principio de confidencialidad que rige este tipo de denuncias y procedimientos para mantener la confianza en el proceso de denuncia, prevenir la revictimización y la afectación del ambiente laboral de los denunciantes y también para un correcto desarrollo de cualquier investigación».
Carta de Caracol Televisión al Ministerio del Trabajo, 14 de abril de 2026
El canal también manifestó su inquietud por una publicación de la revista Raya, que según la empresa contenía información que solo podía provenir de documentos recopilados durante la inspección ministerial. Por su parte, el Ministerio del Trabajo subrayó que el material probatorio del expediente judicial fue entregado directamente por Caracol Televisión a la Fiscalía, no por la cartera laboral, y que el procedimiento se ajustó a lo ordenado por un juez. El presidente de Caracol, Gonzalo Córdoba Mallarino, concluyó su intervención señalando que el informe de la comisión especial «reconoce que cuando existieron denuncias formales, la compañía activó los mecanismos institucionales previstos para atenderlas. Pero el mensaje central del informe va mucho más allá. Nos recuerda que siempre podemos hacerlo mejor». La investigación continúa en manos de la Fiscalía, mientras el canal implementa las reformas anunciadas para fortalecer sus políticas de prevención y atención de acoso.
