Un informe pericial contable de 23 páginas elaborado por la firma JC Contadores Judiciales ha contradicho la versión del presidente de Ecopetrol en licencia, Ricardo Roa, sobre la compra legal del apartamento 901 ubicado en el norte de Bogotá, supuestamente financiada con recursos propios y créditos bancarios. La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la investigación disciplinaria contra Roa y ordenó la práctica de 16 pruebas adicionales, mientras que la Fiscalía General de la Nación evalúa la situación jurídica de los implicados, incluyendo a Juan Guillermo Mancera, y analiza una posible imputación de cargos contra Roa por violación de topes electorales en su campaña de 2022 a 2026. El análisis forense cubrió movimientos financieros desde enero de 2022 hasta febrero de 2026, centrándose en consignaciones realizadas entre marzo de 2023 y febrero de 2024, además de un pago adicional de 100 millones de pesos en efectivo el 1 de noviembre de 2023 por parte de Darío Enrique Guarnizo R.
El informe no evidencia pagos directos de Ricardo Roa, su pareja Carlos Julián Caicedo Cano ni de la empresa Roca Bi S.A.S., de la que ambos son socios, en la adquisición del inmueble vendido por Princeton International Holdings Limited, propiedad de Serafino Iacono. Seis consignaciones por un valor aproximado de 1.800 millones de pesos fueron realizadas a la cuenta de Bancolombia de esta compañía, con intermediación de Juan Guillermo Mancera y vínculos a Innova Mercadeo y Logística, empresa relacionada con él. El estudio incluyó extractos bancarios, estados contables y la trazabilidad de los recursos, en el marco de una investigación por presuntos hechos de tráfico de influencias e irregularidades en la compra.
Defensa de Roa y avances en las indagaciones
La defensa de Ricardo Roa, a cargo del abogado Juan David León, sostiene que la transacción fue legal y respaldada por soportes financieros como cheques de gerencia, préstamos bancarios y el patrimonio personal del directivo. Inicialmente se consideró la titularidad a nombre de Roca Bi S.A.S., pero el proceso de escrituración derivó en una titularidad intermedia. El medio El Tiempo accedió al informe pericial y al material probatorio, que pone en duda la explicación oficial de Roa sobre el origen de los fondos para el apartamento en el exclusivo sector norte de la capital.
Estas revelaciones intensifican el escrutinio sobre Roa, quien enfrenta tanto la pesquisa disciplinaria de la Procuraduría como la penal de la Fiscalía, con posibles ramificaciones en irregularidades electorales durante su aspiración política entre 2022 y 2026. Las 16 pruebas ordenadas buscan esclarecer la procedencia exacta de los dineros y el rol de los involucrados en la compraventa, mientras la opinión pública espera definiciones sobre la transparencia en la gestión de altos funcionarios de Ecopetrol.
