Inicia en Colombia la discusión del salario mínimo 2026 con criterios de inflación y productividad

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La discusión del salario mínimo para 2026 en Colombia arrancará el 1 de diciembre de 2025 en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con el Gobierno buscando mejorar los ingresos reales de los trabajadores mediante criterios como la inflación, la productividad y el concepto de salario vital y móvil. Este despacho, desde Manizales para La Veintitrés, confirma que la conversación se desarrollará en un marco de negociación tripartito entre Gobierno, empresarios y sindicatos, con la mirada puesta en datos oficiales y un enfoque que va más allá de un simple incremento porcentual.

Entre los protagonistas figuran Antonio Sanguino, ministro de Trabajo; la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales; el presidente Gustavo Petro; Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo; Fenalco; el Ministerio de Hacienda; el Dane y el Banco de la República. La mesa de negociación utilizará cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y del Dane para orientar la discusión, que buscará sustentar el incremento del salario mínimo no solo en un porcentaje, sino también en el principio de salario vital y móvil para beneficio de los 3,7 millones de trabajadores que devengan salario mínimo al mes.

Panorama y cifras clave

En el marco de esa negociación, el salario mínimo actual es de 1.423.500 COP y la propuesta de Petro plantea un incremento del 11% para situarlo en aproximadamente 1.580.085 COP. Analistas de Fedesarrollo señalan que un rango razonable podría situarse entre 6% y 7%, lo que dejaría el mínimo entre 1.516.228 y 1.525.000 COP. En cuanto al contexto macroeconómico, la inflación anual observada hasta octubre de 2025 se ubicó en 5,51%, mientras la proyección de Hacienda estima 5,1% para fin de año y 3,6% para diciembre de 2026. La tasa de interés de referencia del Banco de la República se mantiene en 9,25%. En el plano de financiamiento, se registra un crédito BID con una vida útil de 15,25 años, cuya amortización se haría en una única cuota el 15 de septiembre de 2035, y el sistema económico colombiano cuenta con 3,7 millones de trabajadores que ganan salario mínimo. La regulación del proceso permanece bajo la Ley 278 de 1996.

«Esperemos que no sea puja. Esperemos que sea una discusión muy sincera, con el corazón en la mano por parte de los empresarios, y con un sentido de responsabilidad con el país también, y de conciencia con sus derechos por parte de los trabajadores» – Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo

El ministro Sanguino agregó que acudirán a la discusión con las cifras que les aporten Hacienda y el Dane, no solo en relación con la inflación, sino también al comportamiento de la productividad del país, que es la otra variable que se tiene en cuenta. Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, sostuvo que un incremento entre 6% y 7% sería razonable, ya que ese rango incorpora la inflación esperada para 2025, cercana al 5%, y una ganancia en productividad que podría situarse en torno al 1%. Añadió que si se repiten aumentos por encima del 10%, podrían aumentar los riesgos de inflación alta durante más tiempo y trasladar costos laborales a los precios, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

El contexto necesario para entender la noticia señala que, además del incremento porcentual, la negociación considera el concepto de salario vital y móvil respaldado por la Constitución y por la OIT, y se apoyará en cifras oficiales de Hacienda y Dane para orientar la discusión. Esta noticia llega en un momento de desacuerdos públicos entre Gobierno, gremios y sindicatos sobre la magnitud del aumento frente a la inflación y la productividad, mientras Fenalco alerta sobre los posibles riesgos para la formalidad y la convergencia inflacionaria.

Entre los datos secundarios relevantes se destacan que la Ley 278 de 1996 regula el proceso de fijación del salario mínimo en Colombia. El crédito BID asociado contempla una amortización única el 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida útil de operación, y existen discrepancias públicas entre Gobierno, empresarios y sindicatos respecto a la magnitud del aumento mientras se esperan los datos oficiales de Hacienda y Dane.

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