En un tribunal del sur de Florida, en Miami, la justicia estadounidense ha iniciado el juicio contra cuatro acusados de participar en el complot para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, un magnicidio perpetrado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe. Los implicados son Antonio Intriago, director de la empresa de seguridad privada Counter Terrorist Unit Federal Academy (C.T.U.), de nacionalidad venezolana-estadounidense; Arcangel Pretel Ortiz, colombiano; Walter Veintemilla, financista ecuatoriano-estadounidense; y James Solages, haitiano-estadounidense. El caso se centra en una conspiración internacional para secuestrar y asesinar a Moïse fuera de Estados Unidos, con el reclutamiento de exmilitares colombianos por parte de C.T.U., cuya sede está en el sur de Florida. El plan inicial era arrestar al mandatario por presuntos actos de corrupción con el fin de obtener contratos con un futuro gobierno haitiano, pero evolucionó hacia un atentado mortal que dejó a Moïse con 12 impactos de bala.
La investigación federal ha identificado a 11 personas involucradas, de las cuales cinco acusados en Estados Unidos admitieron su culpa y recibieron cadena perpetua, mientras que otro fue sentenciado a nueve años de prisión. En relación con los mercenarios colombianos, tres resultaron muertos, 17 están encarcelados en Haití y dos fueron extraditados a territorio estadounidense. Entre las pruebas presentadas figuran fotos de la escena del crimen, videos captados por drones, evidencia balística y una orden de arresto firmada bajo coacción. Martine Moïse, esposa del presidente asesinado, sobrevivió al ataque y testificará en el juicio, ya que oyó voces en español de los atacantes.
El rol de los mercenarios y la ausencia haitiana
El complot, orquestado desde el sur de Florida, destaca por los vínculos de los acusados en esa región, aunque los aspectos relacionados con el lado haitiano permanecen sin esclarecer. En Haití, los procesados incluyen a un exjuez supremo, un exfuncionario de Justicia, miembros de la seguridad presidencial y policías. El asesinato desencadenó una escalada de violencia en el país caribeño, donde bandas armadas han tomado control de zonas de la capital, agravando la crisis política y humanitaria que se arrastra desde 2021.
«El lado haitiano de la ecuación está notablemente ausente»
Jake Johnston, especialista del Center for Economic and Policy Research
«Me usaron como un títere»
Jean Noelcius, juez haitiano
Declaraciones que revelan el complot
James Solages, uno de los acusados, habría declarado: «Jovenel no va a salir vivo del país», reflejando la determinación letal del grupo. Por su parte, Emmanuel Pérez, abogado de Antonio Intriago, argumentó: «En algún momento, un grupo de haitianos decidió que iban a asesinar al presidente», apuntando a una evolución en las intenciones iniciales del plan.
Este juicio en Miami no solo busca justicia por el magnicidio que sacudió a Haití, sino que pone en evidencia las redes transnacionales de mercenarios y empresas de seguridad privada involucradas en intrigas políticas, dejando pendientes las ramificaciones locales en el convulso panorama haitiano.
