El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determinó que el congresista electo al Senado Wadith Manzur, del Partido Conservador, cumplirá medida de aseguramiento privativa de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras que la congresista electa a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca, Karen Manrique, lo hará en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, también en la capital. Esta decisión se tomó en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), específicamente por cohecho impropio en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La medida fue expedida por la Corte Suprema de Justicia el 11 de marzo de 2026, tras capturas realizadas la semana pasada, y los traslados se efectuarán en los próximos días desde el búnker de la Fiscalía.
La determinación de los sitios de reclusión surgió de un análisis detallado de los perfiles de seguridad y riesgos de los implicados, en coordinación entre el Inpec y las autoridades judiciales, siguiendo la orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, que celebró tres sesiones extraordinarias para llegar a esta resolución. Manzur, quien obtuvo 134.914 votos para el Senado, se entregó voluntariamente en Bogotá, en tanto que Manrique, electa con 5.640 votos el 8 de marzo de 2026, fue capturada tras presentarse en la Policía Tame de Arauca. Los hechos investigados ocurrieron en el segundo semestre de 2023 e involucran tres proyectos de la Ungrd en Córdoba, Arauca y Bolívar, donde se habrían acordado contraprestaciones a cambio de tramitar créditos.
Detalles de la investigación
La pesquisa se centra en presunto cohecho impropio, en el que los congresistas habrían aceptado ofrecimientos del Ministerio de Hacienda para gestionar créditos a través de la Comisión Interparlamentaria. La etapa probatoria se cerró en noviembre de 2025, y la Corte Suprema de Justicia detalló en un comunicado oficial que «en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Ungrd en Córdoba, Arauca y Bolívar». Esta decisión impacta también a otros congresistas vinculados al caso, como Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y Juan Diego Muñoz Cabrera.
«Karen Manrique afronta el proceso con tranquilidad, convencida de no haber incurrido en ninguna conducta delictiva».
Andrés Garzón, abogado defensor de Manrique
Los traslados representan un nuevo capítulo en esta trama de presunta corrupción que ha salpicado al Congreso electo, con implicaciones para la legislatura entrante y un escrutinio mayor sobre las prácticas en comisiones clave como la de Crédito Público.
