Un informe reciente de InSight Crime revela el colapso total de los procesos de «Paz Total» impulsados por el gobierno de Gustavo Petro en 2025, particularmente con el ELN y las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central, lideradas por Iván Mordisco. Esta descomposición se evidencia en la escalada de violencia, actos terroristas y el fortalecimiento de economías criminales en regiones clave como el Catatumbo, Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Meta, Putumayo y Guaviare, así como en zonas fronterizas con Venezuela, Panamá y Ecuador. Durante todo el año, se registraron pactos de no agresión rotos y un desplazamiento forzado que afectó a más de 60.000 personas, dejando al descubierto la fragilidad de las negociaciones en medio de la expansión territorial de estos grupos armados.
El informe detalla cómo el ELN, los Gaitanistas y las disidencias de las FARC llenaron rápidamente los vacíos territoriales generados por procesos de paz anteriores, impulsados por sus principales fuentes de ingresos: el narcotráfico y la minería ilegal. Colombia, como principal productor mundial de cocaína, ha visto una desertificación en la lucha contra el narcotráfico, con estos grupos armados consolidándose como los actores dominantes en las economías ilícitas regionales y la transición de poderes delincuenciales tras desmovilizaciones previas.
Voces desde el conflicto
El informe de InSight Crime subraya esta dinámica al afirmar que «grupos ilegales, como el ELN y los Gaitanistas, llenaron los vacíos territoriales dejados por las Farc. A la par, surgieron grupos disidentes y rearmados de las Farc que buscaban mantener su influencia en territorios clave para economías criminales, como la frontera con Venezuela, el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, y el suroccidente colombiano, fronterizo con Ecuador». Por su parte, Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central, justificó la postura de su grupo declarando que «quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción».
«Grupos ilegales, como el ELN y los Gaitanistas, llenaron los vacíos territoriales dejados por las Farc. A la par, surgieron grupos disidentes y rearmados de las Farc que buscaban mantener su influencia en territorios clave para economías criminales, como la frontera con Venezuela, el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, y el suroccidente colombiano, fronterizo con Ecuador.»
Informe InSight Crime
Este panorama se enmarca en la promesa inicial de «Paz Total» al comienzo del gobierno Petro, que buscaba superar los procesos previos como la desmovilización de las AUC en 2006, que dio origen al Clan del Golfo, y el acuerdo con las FARC, que generó disidencias. Con solo ocho meses restantes para el fin de su mandato y ante las elecciones presidenciales de 2026, expertos advierten un riesgo inminente de agudización de la violencia, con posibles influencias de estos grupos armados en la participación política en hasta ocho departamentos.
«Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción.»
Iván Mordisco, comandante Estado Mayor Central
La situación plantea un desafío crítico para la estabilidad nacional, donde el control de rutas narcóticas y minas ilegales sigue dictando el curso del conflicto armado en Colombia.
