Documentos internos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han revelado el ingreso de personal médico especializado e insumos de carácter estético a la cárcel de La Dorada, Caldas, para atender a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, condenado a 52 años de prisión. La autorización, firmada el 25 de mayo de 2026 por el mayor Edgar Iván Pérez, director del establecimiento penitenciario, permitió el acceso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería, así como la entrada de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros implementos clínicos, generando controversia por la presunta realización de procedimientos estéticos intramuros sin una justificación clínica clara.
De acuerdo con los documentos, cuyo segundo informe fue elaborado aproximadamente un mes después, se autorizó el ingreso de 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, un monitor multiparámetros, cánulas nasales, cilindros portátiles y máscaras laríngeas. La solicitud fue realizada por la profesional Susana Camacho, enlace de aseguramiento en salud pública, pero los oficios no especifican los procedimientos a realizar ni la razón médica que justificara el uso de estos insumos. La controversia surge luego de que se evidencieran cambios en la apariencia física de alias Pichi entre diciembre de 2024 y una fotografía posterior, lo que sugiere posibles intervenciones estéticas dentro del centro penitenciario.
El historial delictivo de alias Pichi
Alias Pichi fue cabecilla de la estructura criminal “Los de San Rafa”, dedicada al microtráfico de cocaína, marihuana y bazuco en Bucaramanga. Fue recapturado el 9 de diciembre de 2024 en Copacabana, Antioquia, tras fugarse de la prisión domiciliaria que cumplía en Medellín; en el operativo se incautaron un arma, municiones, celulares, un dron y dinero. En junio de 2025, el Tribunal Superior de Bucaramanga lo condenó a 52 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. La Fiscalía, mediante testimonios de exintegrantes de su organización, interceptaciones y seguimientos, logró vincularlo a al menos cuatro homicidios.
El documento del Inpec, en su segundo informe, señala textualmente: “Se autoriza el ingreso para la realización de atención integral a Camargo Ríos Oscar, conformidad con las disposiciones y protocolos institucionales vigentes en atención a solicitud realizada por la profesional Susana Camacho, del enlace de aseguramiento en salud pública”. Sin embargo, la falta de especificidad sobre los procedimientos ha encendido las alarmas sobre la supervisión que ejerce el Inpec en la atención médica a reclusos de alto perfil.
“Se autoriza el ingreso para la realización de atención integral a Camargo Ríos Oscar, conformidad con las disposiciones y protocolos institucionales vigentes en atención a solicitud realizada por la profesional Susana Camacho, del enlace de aseguramiento en salud pública”.
Documento del Inpec, segundo informe
El caso ha sido comparado con el del exnarcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, del cartel del Norte del Valle, quien se sometió a múltiples cirugías reconstructivas faciales para evadir a las autoridades. La controversia actual pone en tela de juicio los protocolos de control en las prisiones colombianas y la transparencia en la gestión de la salud de los internos, especialmente aquellos con condenas elevadas y vínculos con organizaciones criminales.
Mientras el Inpec no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando la justificación clínica de los insumos autorizados, la opinión pública y diversas organizaciones de derechos humanos exigen explicaciones claras sobre lo ocurrido en la cárcel de La Dorada, y reclaman mayor rigurosidad en la supervisión de los procedimientos médicos que se realizan dentro de los penales del país.
