En la madrugada del 22 de diciembre de 2025, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada Artunduaga, fue víctima de un intento de asalto armado en el barrio Quinta Mutis, al norte de Bogotá. Delincuentes interceptaron el vehículo blindado en el que se desplazaba junto a un acompañante no identificado, utilizando dos camionetas para embestirlo y desplegando entre ocho y diez hombres armados que intentaron forzar las puertas del carro.
Gracias a una maniobra evasiva del conductor, el ataque principal contra el magistrado falló, aunque los asaltantes amenazaron directamente a Prada Artunduaga apuntándole con armas de fuego al pecho. Minutos después, el acompañante fue despojado de sus pertenencias, que incluían documentos personales, tarjetas bancarias, un teléfono móvil y una memoria externa que contenía información reservada del CNE, lo que genera sospechas sobre un posible robo selectivo planificado.
Sospechas de planificación y amenazas previas
La acción, calificada como no casual por su modalidad profesional y el uso de vehículos para bloquear el paso, se enmarca en un contexto de presuntos monitoreos previos a la residencia del magistrado fuera de Bogotá, denunciados días antes mediante el uso de drones. Autoridades como la Sijín y la Alcaldía de Bogotá han ampliado la investigación con material audiovisual y testimonios de testigos, mientras el CNE ha denunciado el hecho como una amenaza directa contra las instituciones democráticas y ha solicitado al gobierno esclarecimiento inmediato junto con medidas de seguridad reforzadas.
La denuncia formal ya fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, donde se busca determinar si el objetivo principal era la obtención de esa memoria externa con datos sensibles del Consejo Nacional Electoral, en un episodio que pone en alerta sobre la vulnerabilidad de altos funcionarios electorales en la capital.
