La intervención de Superservicios en Air-e cumple un año sin resolver la crisis energética en la región Caribe y persiste el riesgo de colapso energético en la Costa. El proceso, iniciado el 12 de septiembre de 2024 con la toma de posesión y la administración temporal de la compañía, ha buscado estabilizar el servicio, reducir tarifas y asegurar un suministro más confiable para los más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Aun cuando en agosto de 2025 se reportó una reducción de tarifas y para octubre de 2025 se situó el cobro en 796 COP por kWh, el equilibrio financiero y la continuidad operativa siguen en duda, frente a una crisis que no se ha resuelto.»
La mirada sobre las cifras es contundente. Al iniciar la intervención, la deuda de Air-e rondaba los 700.000 millones de COP y, tras 14 meses, ese saldo se incrementó en 1,6 billones de COP. Las deudas con otros agentes superan ya los 2,3 billones y la Comisión Accidental de Seguimiento advierte que podrían alcanzar 3,6 billones COP si la situación no se corrige. En este marco, la región Caribe continúa lidiando con pobreza energética, con estimaciones del IMPE de que el 44% de la población regional vive en esa condición, mientras Air-e opera en el Atlántico, Magdalena y La Guajira y la intervención, pese a haber logrado cierta reducción tarifaria, no ha resuelto las fallas estructurales ni la sostenibilidad financiera de la empresa.»
La historia de fondo es clave para entender este acontecer: Electricaribe, que sirvió de antecedente histórico, terminó intervenida en 2017 tras un proceso privatizador fallido. Air-e y Afinia nacieron tras la división de Electricaribe en 2020, y Air-e solicitó intervención estatal en septiembre de 2024 por deudas que superaban COP 1,8 billones. En la actualidad, la intervención ha mostrado avances en tarifas, pero las críticas sobre transparencia y sostenibilidad persisten. La Procuraduría General de la Nación calificó el informe de Superservicios como insuficiente, y tanto actores del sector como analistas señalan que la situación financiera de la empresa sigue sin claridad suficiente para definir un rumbo estable. Entre los actores que han pasado por la interventoría figuran Dagoberto Quiroga Collazos como ex-superintendente, y en enero de 2025 asumió la dirección Yanod Márquez; los agentes interventores han sido Carlos Arturo Diago y Edwin Palma. A nivel sectorial, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, y Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, han expresado sus miradas sobre la sostenibilidad de la intervención, mientras se han aplicado medidas como la suspensión de la opción tarifaria, la contratación directa de energía, la solicitud de suministro solidario a generadoras y el programa Colombia Solar para dotar de paneles solares a hogares de menores ingresos.»
La intervención en Air-e: avances, críticas y perspectivas
En el terreno operativo, la intervención ha mostrado una sucesión de tres superintendentes y cuatro agentes interventores, un indicio más de la compleja gobernanza que acompaña a la gestión de la empresa en crisis. La intervención ha buscado herramientas concretas para aliviar la tensión de caja y el desabastecimiento, como la suspensión de la cobro de la opción tarifaria, la contratación directa de energía y la apertura de solicitudes de suministro solidario a generadoras. Además, se ha avanzando con el programa Colombia Solar, orientado a dotar de paneles solares a usuarios de menores ingresos para reducir costos y promover una mayor resiliencia ante cortes. A pesar de estos esfuerzos, la región Caribe continúa enfrentando dilemas estructurales que amenazan la continuidad de un suministro estable y asequible para comunidades vulnerables.
«Esto no es buena gestión, porque por el contrario se ha aumentado la deuda y no se han hecho inversiones y eso no será sostenible en el tiempo. Se va a repetir un Electricaribe» – Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Mirando hacia delante, las autoridades y los protagonistas del sector contemplan varias opciones para evitar un colapso mayor. El Gobierno evalúa estrategias que podrían incluir la transferencia de gestión a actores del sector privado con capacidad de inversión, la integración de renovables para disminuir la dependencia de un único modelo de generación y la priorización de presupuesto para mantener a flote el servicio. Sin embargo, persisten dudas sobre la viabilidad de estas soluciones sin cambios estructurales profundos y un acuerdo claro sobre la deuda, la gobernanza y las inversiones necesarias para garantizar un suministro seguro y sostenible en una región que ha sufrido una de las crisis energéticas más prolongadas del país.»
