Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS que atiende a cerca de 11 millones de afiliados, respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro de cancelar las licencias a las Entidades Promotoras de Salud que no cumplan con su función esencial, en medio de la crisis estructural que azota el sistema de salud colombiano. En declaraciones al medio Semana, Ospina afirmó que esta medida llega en el momento preciso, tras un período de demora en su implementación, y se enmarca en un plazo de cinco meses para mostrar resultados concretos en la entidad intervenida.
La intervención de Ospina en la Nueva EPS se basa en una estrategia integral para dignificar el servicio, sanear las finanzas, capitalizar la entidad y transparentar sus operaciones, ante un panorama donde el sistema de salud enfrenta dos posibles salidas: un rediseño consensuado o un colapso total. La Contraloría General de la República estima una deuda acumulada cercana a los 10 billones de pesos, aunque Ospina ha indicado que esta cifra se ha reducido, pendiente de los soportes contables definitivos, con la entrega de informes financieros de 2024 programada antes de finalizar mayo.
Avances y desafíos en la gestión
Entre los progresos destacados, se han superado las tensiones con el Instituto Nacional de Cancerología y se mantienen diálogos activos con hospitales en Antioquia, Caldas, Valle del Cauca y Bogotá para garantizar la continuidad de los servicios. Además, si otras EPS son retiradas de manera ordenada, la Nueva EPS podría recibir progresivamente nuevos afiliados, fortaleciendo su rol en el sistema. Sin embargo, persisten desafíos como una investigación disciplinaria en la Procuraduría por el nombramiento de Ospina y el caso de Kevin Acosta, cuyo esclarecimiento dependerá de la evidencia científica proporcionada por Medicina Legal.
“Se había demorado”
Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS
Esta postura de Ospina refuerza el llamado a una reforma urgente en el sector salud, donde la intervención de la Nueva EPS se presenta como un referente clave para evitar el colapso y avanzar hacia un modelo más eficiente y transparente en beneficio de millones de colombianos.
