La senadora del Pacto Histórico Laura Cristina Ahumada puso en la mira los costos de las interventorías contratadas por el Fondo Milagro para las demoliciones de edificios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. En una denuncia pública realizada antes del 20 de noviembre, la congresista reveló que, en algunos casos, el valor de la supervisión técnica supera el 20% del costo total de la obra, cuando el estándar del sector se ubica entre el 5% y el 10%. Las contrataciones, hechas de manera directa por urgencia, involucran inmuebles en Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), y aún no han sido publicadas en la plataforma SECOP II, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El Fondo Milagro fue creado tras el sismo para atender las emergencias y la reconstrucción. Sin embargo, las decisiones sobre la selección de contratistas han recaído exclusivamente en el gerente del fondo, sin intervención del consejo directivo, según advirtió la congresista Catherine Juvinao. Esta situación, dijo, resulta problemática porque en un eventual caso de corrupción los miembros del consejo —siete integrantes, cinco de ellos delegados del presidente— deberán responder fiscal, disciplinaria, penal y patrimonialmente. “De manera que yo les sugeriría revisar quién se va a ganar ese contrato antes de que se firme”, sostuvo Juvinao.
Cifras que encienden las alarmas
Los valores de las interventorías, según la información recopilada por la senadora Ahumada, superan con creces el rango habitual. Para la demolición del Edificio Ana Pilar, en Cali, contratada con Voladuras Controladas de Colombia S.A.S. por 949 millones de pesos, la interventoría fue adjudicada a Los Castores Constructores S.A.S. por 214,9 millones de pesos, equivalentes al 22,6% de la obra. En Pereira, el Edificio Invico P.H. será demolido por Demoliciones Atila Implosión S.A.S. por 3.814,3 millones de pesos, mientras que su interventoría, también a cargo de Los Castores Constructores S.A.S., asciende a 299,2 millones de pesos, un 7,8% dentro del límite, aunque el contraste con otros casos es evidente. El Edificio Arábico, en Cali, tiene una interventoría del 18,5% del valor de la obra, y el Colegio San Nicolás, en Pereira, alcanza el 20,8%. “En el sector, una interventoría suele costar entre el 5% y el 10% del valor de la obra. Aquí, tres de las cuatro superan ese techo, y dos lo duplican. ¿A quién le están dando el negocio?”, cuestionó Ahumada.
«En el sector, una interventoría suele costar entre el 5% y el 10% del valor de la obra. Aquí, tres de las cuatro superan ese techo, y dos lo duplican. ¿A quién le están dando el negocio?»
Laura Cristina Ahumada, senadora del Pacto Histórico
La falta de publicidad previa en SECOP II ha impedido que la ciudadanía acceda a los estudios previos y las cotizaciones. El Fondo Milagro anunció que los contratos se divulgarán el viernes 20 de noviembre, pero hasta ahora no lo ha hecho. “Los ciudadanos todavía no pueden ver ni un estudio previo ni una cotización”, denunció Ahumada, quien adelantó que, una vez se publiquen, verificará cómo se calcularon los valores, cuántas cotizaciones hubo y quién las presentó. “Son recursos de un crédito que pagaremos todos los colombianos, y la reconstrucción no puede empezar por la opacidad”, sentenció.
«La evaluación de ofertas y la selección de contratistas las hace el gerente solito. Y esto para mí es problemático porque en un eventual caso de corrupción, los integrantes del consejo directivo sí deberán responder fiscalmente, disciplinariamente, penalmente y patrimonialmente.»
Catherine Juvinao, congresista
Mientras el país espera la publicación de los documentos, las congresistas insisten en que la reconstrucción debe ser un ejemplo de transparencia. El llamado es a que el gobierno revise con lupa cada contratación y no se repitan los patrones de opacidad que han manchado otras emergencias. La ciudadanía, que financiará el crédito, exige respuestas claras antes de que se firme cualquier nuevo contrato.
