El Fondo de Adaptación Global, entidad clave para enfrentar emergencias climáticas en Colombia, se ve envuelto en graves denuncias de corrupción y favorecimiento político en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos, según una investigación revelada por el periódico El Espectador. Figuras como Johan Steven Londoño, subgerente de proyectos; Katherine Rojas Montenegro, exgerente; Angie Rodríguez, gerente encargada y directora del Dapre; Berenice Bedoya, senadora del partido ASI; y Carmen Yamile Saba, gerente de Estructuración, aparecen en el centro de las acusaciones por supuestamente direccionar recursos hacia allegados de la senadora Bedoya y miembros de los partidos ASI y La U. La Procuraduría y la Fiscalía ya iniciaron investigaciones por posible direccionamiento en proyectos como La Mojana, la Ruta del Arroz y Dinámicas Hídricas, ubicados en regiones vulnerables del país.
Los nombramientos clave ocurrieron en 2025, con la propuesta de Londoño en junio, el ascenso de Rojas en septiembre y su renuncia en octubre, mientras un contrato por 56.000 millones de pesos fue cancelado a finales de 2024. Estos movimientos coinciden con adjudicaciones directas a personas vinculadas políticamente, como Russell Ramírez, Juan José Poveda Daza, Joaquín Emilio Zapata y Óscar Enrique Bedoya, todos con lazos al ASI, así como Óscar Fabián Echeverry, Luis Fernando Mora Mora y Jennifer Andrea Kopp Manrique, relacionados con La U. Contratos individuales oscilan entre 43 y 160 millones de pesos, sumados a cifras mayores como los más de 8.600 millones del convenio en San Marcos y 36.000 millones para la Ruta del Arroz, en medio de un presupuesto anual superior a los 660.000 millones de pesos, con La Mojana superando los 1,12 billones y Dinámicas Hídricas alcanzando el billón de pesos.
Vínculos políticos y antecedentes controvertidos
El escándalo surge en un contexto de disputa política por los recursos del Fondo, creado tras la crisis de La Niña entre 2010 y 2011 para emergencias y reconstrucción, y que ha tenido exgerentes como Javier Pava, Helga Rivas, Carlos Carrillo y Olmedo López, este último vinculado al reciente escándalo de la Ungrd. La investigación de El Espectador ha intensificado la vigilancia, especialmente tras los reportes de Angie Rodríguez, quien prepara un informe detallado. Berenice Bedoya ha negado cualquier influencia del ASI en las adjudicaciones, Johan Londoño defiende la idoneidad de los contratados, y el senador Benedetti rechaza acuerdos con estos partidos, lo que agrava las tensiones en el manejo de fondos públicos.
El impacto es evidente en retrasos de obras críticas como las de La Mojana, aumentando el riesgo de un nuevo escándalo de corrupción similar al de la Ungrd. Esta situación pone en jaque la gestión de recursos destinados a mitigar desastres naturales, exigiendo una mayor transparencia en una entidad con presupuestos millonarios que afectan directamente a comunidades vulnerables en Colombia.
