El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc) abrió una investigación formal contra el propietario de un apartamento ubicado en Altos de Santana, dentro del conjunto Torres del Parque, una obra emblemática del arquitecto Rogelio Salmona declarada Bien de Interés Cultural. El motivo de la investigación es la demolición no autorizada de una escalera helicoidal original, intervención que se realizó sin ningún tipo de permiso o aval por parte de la entidad distrital encargada de la protección del patrimonio.
La polémica estalló después de que el estudio Deconama Design Studio, responsable de la remodelación, publicara un video en redes sociales mostrando y justificando el proceso. En la grabación, los profesionales explicaron que la decisión de eliminar la escalera helicoidal respondía a que el apartamento resultaba demasiado oscuro y que la estructura original impedía el ingreso de luz, además de afectar la funcionalidad del espacio. «Fue una decisión superdifícil, pero cuando diseñamos un espacio no se trata solamente de conservar lo que existe, se trata de entender cómo funcionan las personas que lo habitan», manifestaron desde el estudio. También detallaron que crearon unas escaleras livianas y contemporáneas, combinando madera, cemento y vidrio, con barandas transparentes para que la luz atravesara todo el recorrido. Sin embargo, la intervención se adelantó sin acercarse al Idpc para solicitar autorización.
Sanciones económicas y orden de restitución
Diego Parra, director del Idpc, explicó que para cualquier tipo de intervención en un bien de interés cultural de la ciudad, independientemente de su modalidad, es obligatorio acercarse primero al Instituto para evaluar si el proyecto afecta o no los valores patrimoniales. «Si se hubieran acercado, los hubiéramos guiado, asesorado, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero por las connotaciones patrimoniales, no se podía haber modificado la escalera, pero no se acercaron, no radicaron ningún tipo de permiso ni de autorización», indicó Parra. Como resultado de la investigación, el propietario del inmueble se enfrenta a una multa de entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que los profesionales que ejecutaron la demolición podrían ser sancionados con multas de entre 400 y 1.000 salarios mínimos. Además, se ordenará la restitución de la escalera a sus condiciones originales, con base en los planos, memorias y documentación histórica que conserva el Idpc.
«No sé para qué se compra uno un Salmona si lo va a remodelar todo; para eso se compra uno un apartamento equis.»
Comentario de un usuario de redes sociales
«Eso es como comprar un Botero y pedir que se lo adelgacen un poco.»
Otro comentario difundido en redes sociales
«La actitud de ufanarse de haberlo eliminado, como si la destrucción de un elemento de valor patrimonial fuera un logro.»
María Elvira Madriñán Saa, presidenta de junta directiva de la Fundación Rogelio Salmona
«Desconocer el valor de aquello que una sociedad ha decidido proteger revela un profundo desconocimiento de nuestra historia y de lo que significa un patrimonio cultural.»
María Elvira Madriñán Saa, presidenta de junta directiva de la Fundación Rogelio Salmona
La Fundación Rogelio Salmona, liderada por María Elvira Madriñán Saa, rechazó categóricamente la intervención. En sus declaraciones, señaló que ufanarse de haber eliminado un elemento patrimonial revela un profundo desconocimiento de la historia y del significado del patrimonio cultural. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: múltiples usuarios compararon la acción con modificar una obra de arte, como comprar un cuadro de Botero y pedir que lo adelgacen. La investigación del Idpc ya tiene identificado el apartamento y se inició el proceso de revisión de pruebas y la fase sancionatoria. El propietario y los profesionales intervinientes deberán restituir la escalera helicoidal a su diseño original, de acuerdo con los planos de Rogelio Salmona, en un caso que ha puesto de relieve la tensión entre la adaptación de espacios patrimoniales a las necesidades contemporáneas y la obligación de preservar la memoria arquitectónica de la ciudad.
