La Comisión Nacional de Disciplina Judicial notificó el 17 de febrero de 2026 la apertura de una investigación disciplinaria contra los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por presuntas irregularidades en el proceso penal seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta medida se basa en un auto emitido el 9 de diciembre de 2025 y responde a una posible violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades durante la emisión de la sentencia absolutoria del 14 de octubre de 2025, cuya lectura se realizó el 21 de octubre del mismo año.
La pesquisa se centra en la actuación de estos tres togados, quienes formaron la mayoría decisoria en la votación de la sentencia, aprobada por dos votos contra uno. La notificación se realizó por canales electrónicos institucionales, en cumplimiento de un auto disciplinario, y examina las presuntas irregularidades que habrían incidido en el fallo que benefició a Uribe Vélez en el Tribunal Superior de Bogotá.
Antecedentes de la queja y rechazo de tutela
El origen de la investigación radica en una queja presentada por un ciudadano, quien alegó la nulidad del proceso debido a la participación de un magistrado presuntamente impedido. Previamente, una acción de tutela interpuesta en este sentido fue rechazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por falta de legitimación en la causa por activa. La Corte Suprema dispuso rechazar la tutela sin perjuicio de que se activaran los mecanismos disciplinarios correspondientes, lo que derivó en esta fase investigativa.
El ciudadano que presentó la queja ha sido notificado como quejoso a través de los mismos canales electrónicos, e inicia ahora una etapa de práctica de pruebas y verificación de hechos para esclarecer la conducta de los magistrados en la sentencia absolutoria. Este desarrollo añade un nuevo capítulo al controvertido proceso penal contra el expresidente Uribe Vélez, manteniendo en el foco público el escrutinio de las decisiones judiciales involucradas.
