La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico decidió compulsar copias para abrir una investigación disciplinaria contra la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón, del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por haber otorgado en dos ocasiones la libertad condicional al sentenciado Emilio José Tapia Aldana. Esta medida se conoció en la mañana del 16 de diciembre de 2025, en el marco de un caso que ha generado controversia en la región Caribe.
La primera concesión de libertad condicional a Tapia Aldana ocurrió el 11 de abril de 2025, mientras que la segunda se materializó el 12 de diciembre de 2025, mediante un auto judicial que mantuvo la caución prendaria previamente prestada y exigió la suscripción de una nueva acta de compromiso, conforme al artículo 65 del Código Penal. El período de prueba establecido en esta última decisión asciende a 27 meses y 11 días, lo que ha motivado el escrutinio de las autoridades disciplinarias por las decisiones repetidas de la jueza.
Perfil del condenado y antecedentes
Emilio José Tapia Aldana cumple una condena por delitos de corrupción al interior de los Centros Poblados y está vinculado al escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, uno de los mayores casos de soborno y manipulación de licitaciones públicas en la historia reciente del país. Las reiteradas concesiones de libertad condicional han levantado alertas sobre la aplicación de las normas en su ejecución de penas, lo que derivó en la compulsión de copias para indagar posibles irregularidades en el actuar de la jueza Fernández Castellón.
“SEGUNDO: CONCEDER al sentenciado EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA la libertad condicional por un período de prueba de 27 MESES y 11 DÍAS, para lo cual, se tendrá como caución prendaria la misma que prestó con ocasión del auto del 11 de abril de 2025, pero sí se le exige la suscripción de una nueva acta de compromiso al tenor del artículo 65 del C. P., considerando la modificación del periodo de prueba”.
Claribel Onisa Fernández Castellón, jueza del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla
Con esta acción, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico inicia formalmente el proceso investigativo contra la jueza, en un contexto donde las decisiones judiciales sobre libertades condicionales a figuras involucradas en grandes escándalos de corrupción son objeto de estricta vigilancia por parte de las instancias de control. El caso pone en el centro del debate la ejecución de penas en Colombia y las garantías para evitar beneficios indebidos a condenados por delitos graves contra la administración pública.
