IPC 2025 entre 5,1% y 5,3% fijará topes para arriendos y servicios públicos en 2026

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 se ubicará entre el 5,1% y el 5,3% al cierre de diciembre, cifra que servirá como referencia legal para determinar el límite máximo de aumentos en los arriendos de vivienda urbana y las tarifas de servicios públicos en Colombia durante 2026. Esta variación promedio de los precios de la canasta de bienes y servicios incide directamente en el costo de vida de los hogares, regulando los reajustes al 100% del IPC para contratos de arrendamiento y sirviendo de base para los incrementos en servicios públicos y transporte.

La publicación del IPC anual al cierre de diciembre de 2025 por parte del Dane marcará el tope para estos ajustes, que se aplicarán una sola vez al año sobre el valor base sin acumulados previos. En años anteriores, la inflación ha mostrado fluctuaciones notables: el 5,62% en 2021, un pico del 13,12% en 2022 impulsado por crisis globales, el 9,28% en 2023 y el 5,20% en 2024, lo que refleja una moderación posterior al período más crítico.

Impacto directo en arriendos y servicios esenciales

Para los hogares colombianos, esta proyección significa que un arriendo de un millón de pesos podría aumentar entre 51.000 y 53.000 pesos en 2026, llegando a un rango de 1.051.000 a 1.053.000 pesos. Según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane de 2024, el 40,3% de los hogares vive en arriendo, por lo que este límite afecta directamente a una porción significativa de la población. Los ajustes en servicios públicos variarán según el tipo de usuario, ya sea residencial o comercial, y el estrato socioeconómico, mientras que también regirán las tarifas de transporte público como los buses intermunicipales.

Regulación clave para el control del costo de vida

El IPC anual no solo regula los contratos de arrendamiento, sino también las tarifas reguladas de servicios públicos y transporte, impactando los gastos familiares en vivienda, energía, agua y movilidad. Esta herramienta legal busca contener la presión inflacionaria sobre los hogares, especialmente tras las volatilidades recientes, garantizando que los incrementos sean predecibles y alineados con la evolución real de los precios en el país.

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