La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el carácter restrictivo de las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidió la implementación de controles verificables para los comparecientes, como el uso de brazaletes y horarios definidos, en declaraciones concedidas a Blu Radio. Durante la entrevista, Marín también advirtió sobre los incumplimientos del Acuerdo de Paz y la falta de una presencia integral del Estado en las regiones priorizadas, luego de una reciente visita al departamento del Cauca. «Lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios, lo mínimo es que no puedan salir del país», afirmó la defensora, al tiempo que subrayó que la supervisión es determinante para la justicia transicional y para las víctimas.
En sus declaraciones, Marín enfatizó que los antiguos comandantes de las Farc que comparecen ante la JEP deben mostrar un mayor respeto hacia las víctimas y acatar las decisiones judiciales. «Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia», señaló. La defensora reconoció que la mayoría del antiguo secretariado de las Farc dejó las armas y se presentó ante la JEP, pero advirtió que ese paso no cierra las responsabilidades pendientes con quienes padecieron la guerra.
El carácter restrictivo de las sanciones restaurativas
La JEP es el sistema de justicia transicional creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. Las sanciones restaurativas, que buscan reparar a las víctimas sin implicar cárcel, incluyen restricciones de derechos que, según Marín, corren el riesgo de perder su efectividad si no se implementan controles rigurosos. La defensora insistió en que la supervisión es clave para garantizar que los comparecientes cumplan con las condiciones impuestas y que la justicia transicional sea percibida como legítima por la sociedad.
Más allá de las sanciones, Marín advirtió sobre las deudas estatales en materia de desarrollo territorial. El punto 1 del Acuerdo de Paz creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que abarcan 16 regiones y 170 municipios priorizados, con el objetivo de reducir las brechas entre la ciudad y la ruralidad en las zonas más golpeadas por el conflicto. «Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad», afirmó la defensora, quien destacó que, si bien se ha registrado una disminución de la pobreza multidimensional en esos territorios y avances en el Catastro Multipropósito, la respuesta estatal aún es insuficiente.
«Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad»
Iris Marín, defensora del Pueblo
La falta de una presencia integral del Estado en regiones como el Cauca, donde entre 2017 y 2019 se vivieron años de relativa paz, ha permitido la continuidad de enfrentamientos y la llegada de nuevas organizaciones armadas. Marín vinculó esta situación no directamente al Acuerdo de Paz, sino a los incumplimientos en el desarrollo territorial. La defensora insistió en que las regiones priorizadas necesitan garantías concretas para superar las condiciones que las hicieron vulnerables al conflicto, y que la respuesta estatal debe ofrecer esas garantías a quienes padecieron la guerra.
Las declaraciones de Iris Marín ponen sobre la mesa un debate crucial para la implementación del Acuerdo de Paz: equilibrar la necesidad de justicia transicional con la urgencia de presencia estatal y desarrollo en los territorios. Mientras la JEP avanza en sus procesos, la defensora del Pueblo reclama mecanismos que aseguren tanto el cumplimiento de las sanciones restaurativas como el cierre de las brechas que han perpetuado el conflicto en las zonas más afectadas del país.
