El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció desde Barranquilla la presentación de una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella, también aspirante a la Presidencia, y su jefe de campaña, Joaquín Gutiérrez, por cinco delitos relacionados con la asesoría jurídica que habrían prestado a la desaparecida EPS Salud Vida. Según Cepeda, la actuación de los denunciados habría provocado un desvío de recursos públicos que dejó a 1.600.000 usuarios del sistema de salud sin atención, en el marco de un caso de macrocorrupción que calificó como uno de los más dañinos para la sociedad colombiana. La denuncia se produce en plena campaña electoral, con miras a las elecciones del 21 de junio de 2026, y busca que la justicia esclarezca los hechos.
La representante a la Cámara María José Pizarro respaldó la denuncia al revelar que De la Espriella habría firmado un contrato por 18.000 millones de pesos con Salud Vida EPS y que las operaciones de las empresas vinculadas al paramilitarismo que él defendió comprometen activos por 164.000 millones de pesos. Cepeda, por su parte, consideró un «cinismo» que el candidato haya propuesto un plan de choque con 10 billones de pesos para el sistema de salud, justamente cuando, según el senador, sus acciones habrían facilitado el expolio de los recursos destinados a los pacientes. «El robo de los recursos públicos de la salud en Colombia es uno de los casos de macrocorrupción que han causado tal vez de los peores daños a la sociedad colombiana», afirmó Cepeda, quien ha denunciado previamente a De la Espriella por su papel como apoderado legal de empresas relacionadas con grupos paramilitares.
Reacciones divididas ante la judicialización de la campaña
El anuncio de la denuncia generó de inmediato críticas desde distintos sectores políticos. El exfiscal general Francisco Barbosa cuestionó la decisión de Cepeda, señalando que, en vez de dedicarse a debatir ideas, optó por judicializar a su adversario. «Qué cosa tan desesperante. @IvanCepedaCast en vez de dedicarse a la política se dedicó a denunciar penalmente a su adversario. Lástima que el país perdió una gran oportunidad para escuchar ideas», escribió Barbosa en redes sociales, agregando que esas denuncias «no van para ningún lado» y trasladan a la justicia debates que deberían resolverse en las urnas.
Desde el Centro Democrático, Andrés Forero cuestionó la credibilidad del senador del Pacto Histórico, al que calificó de «mudo espectador de la destrucción y saqueo del sistema de salud adelantado en el gobierno de Gustavo Petro». Por su lado, el representante Hernán Cadavid interpretó la acción judicial como un ofrecimiento de cárcel a los adversarios: «¿Otra vez ofreciendo cárcel? Esa es la propuesta de Cepeda. Encarcelar adversarios». No obstante, la representante Pizarro reafirmó su respaldo a la denuncia: «Que la justicia actúe y esclarezca la verdad», manifestó en su cuenta de X.
La controversia se da en un momento crucial del calendario electoral, cuando los candidatos buscan posicionar sus propuestas entre el electorado. Iván Cepeda, quien había denunciado previamente a De la Espriella por su vínculo con empresas ligadas al paramilitarismo, insiste en que el caso de Salud Vida EPS representa uno de los mayores desfalcos del sistema de salud colombiano. Mientras tanto, los sectores críticos advierten que la judicialización de la contienda política puede opacar el debate de fondo sobre el futuro sanitario del país.
