El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, rechazó enérgicamente la reforma tributaria radicada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella el pasado 29 de octubre, al asegurar que la iniciativa beneficia a los sectores más ricos del país mientras castiga con dureza a las clases medias y a los trabajadores. El congresista, que ocupa la curul del Estatuto de Oposición, advirtió que si el proyecto avanza tal como está planteado, podría desencadenar una ola de movilizaciones sociales sin precedentes, similares a las que estallaron durante el gobierno de Iván Duque en 2021, cuando una propuesta tributaria similar tuvo que ser retirada tras las protestas masivas.
El proyecto de ajuste fiscal, que consta de 106 artículos y será discutido en el Congreso a partir del 5 de noviembre, contempla un recorte del gasto estatal estimado en 45 billones de pesos, pero también introduce cambios profundos en materia impositiva. Entre las medidas más polémicas se encuentra la eliminación de la tarifa preferencial del 5% de IVA sobre productos de la canasta básica como café tostado, azúcar, granos, chocolate, aceites y alimentos procesados, que pasarían a tributar al 19% desde el 1 de enero de 2028. Además, el impuesto de renta para personas naturales crea un nuevo tramo que grava a quienes perciban ingresos anuales desde 37,7 millones de pesos, es decir, salarios mensuales entre 3,1 y 4,7 millones, con una tarifa inicial del 9%.
Impacto en las clases medias y beneficios para los grandes capitales
En su intervención, Cepeda fue categórico al señalar la contradicción del Ejecutivo, que mientras endurece las condiciones para los asalariados y los pequeños consumidores, otorga ventajas significativas al sector empresarial. La reforma reduce el impuesto de renta corporativo del 35% al 33% en 2027 y al 31% en 2028, además de crear un Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge) que ofrece una tarifa preferencial del 20% y una estabilidad fiscal por hasta 16 años. También se elimina el impuesto al patrimonio para los sectores más acaudalados, mientras se restringen las exoneraciones de parafiscales para los empleadores y se aumentan gradualmente los aportes a salud para quienes ganan más de dos salarios mínimos.
«Resulta ahora que el Gobierno lleva al Congreso una reforma tributaria que beneficia a los ricos y castiga severamente a las capas medias y a los sectores más pobres de nuestra sociedad.»
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico
El legislador también denunció el impacto directo sobre la alimentación de los colombianos, al afirmar que la reforma vuelve a poner impuestos sobre alimentos básicos de la canasta familiar, lo que deteriorará gravemente la situación de los sectores populares. De igual forma, criticó la reducción de los umbrales para el pago de gravámenes, un mecanismo que, en su concepto, golpea especialmente a los trabajadores formales con ingresos moderados. La iniciativa incluye además nuevos tributos a bebidas azucaradas, licores, tabaco, vapeadores y juegos de azar en línea, así como modificaciones a las plataformas de comercio electrónico como Temu o Shein, lo que encarecerá también las compras en línea para los consumidores.
«Le pone un impuesto a las clases medias, con un impuesto de renta a salarios un poco mayores de tres millones de pesos. Al mismo tiempo, genera beneficios muy importantes, por ejemplo, en materia de renta corporativa, de eliminación del impuesto al patrimonio para los sectores más pudientes.»
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico
El senador del Pacto Histórico comparó esta reforma con la presentada por el gobierno de Iván Duque en 2021, que provocó un estallido social con decenas de muertos y fue finalmente retirada por la presión ciudadana. En ese sentido, advirtió que el actual proyecto, que el Ejecutivo busca aprobar antes del cierre de 2026, podría generar una respuesta aún más contundente si no se corrigen sus efectos sobre los sectores vulnerables. La advertencia de Cepeda se suma a la del expresidente Gustavo Petro, quien recientemente pidió al Centro Democrático oponerse a esta Ley de Ajuste Fiscal, en un intento de construir un frente común contra una iniciativa que, según sus críticos, responde principalmente a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional y agrava la desigualdad social en el país.
El senador fue enfático al señalar que una medida de este calibre no puede imponerse por decreto ni a través de mayorías coyunturales, y recordó que las discusiones en el Congreso apenas comenzarán el 5 de noviembre, fecha en la que se espera un intenso debate con la participación de centrales obreras, asociaciones de consumidores y organizaciones sociales que ya han manifestado su rechazo. La comunidad internacional, incluyendo organismos de derechos humanos, ha puesto sus ojos en el proceso, pues una nueva explosión social en Colombia tendría repercusiones regionales. Por ahora, la incertidumbre domina el panorama económico, con un gobierno que insiste en la necesidad del ajuste fiscal y una oposición que promete resistencia pacífica, pero contundente, en las calles y en el legislativo.
