El abogado Jaime Granados, defensor principal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado público el 26 de septiembre en respuesta a las declaraciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, publicadas por El Espectador, en las que se abordaba el manejo de los recursos de esa jurisdicción. En su pronunciamiento, Granados defendió el derecho de la ciudadanía a ejercer control sobre la JEP y cuestionó el alcance de sus competencias, en medio del debate por la propuesta del Gobierno de reducir en unos $170.000 millones el presupuesto de la entidad para 2027, dentro del Presupuesto General de la Nación que ya fue aprobado en comisiones de Senado y Cámara y continúa su trámite legislativo.
Granados sostuvo que la JEP, como cualquier órgano del Estado colombiano, está sometida al control ciudadano, político e institucional respecto de su gestión, sus resultados y la ejecución de los cuantiosos recursos públicos que le han sido asignados. Según el abogado, la rendición de cuentas no constituye un ataque a la justicia transicional, sino una exigencia inherente al Estado Social de Derecho. Estas afirmaciones surgen como reacción directa a las declaraciones de Ramelli, quien había defendido la gestión de la JEP y rechazado las denuncias de corrupción, asegurando que la entidad no registra hallazgos de ese tipo tras siete auditorías de la Contraloría y catorce informes de la Procuraduría, y que incluso el Ministerio de Hacienda la ubicó entre las instituciones públicas con mejor ejecución presupuestal en 2025, con un 99,3% de ejecución.
Cuestionamientos a la competencia y a la CPI
En su comunicado, el abogado también señaló que la competencia de la JEP no puede extenderse a personas por fuera de su ámbito funcional, incluidos expresidentes amparados por fuero presidencial. Granados recordó que el modelo de la JEP fue creado para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición frente a los máximos responsables de graves conductas en el conflicto armado, con referencia a quienes integraron las extintas Farc. Además, consideró improcedente vincular la financiación de la JEP con la posible reactivación de actuaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI), que actúa bajo los principios de complementariedad y subsidiariedad; de hecho, la CPI cerró en 2021 su examen preliminar sobre Colombia sin abrir una investigación formal.
«Causa profunda preocupación que el presidente de la JEP sugiera que el debate sobre la financiación de esa jurisdicción podría conducir a la reactivación de actuaciones ante la Corte Penal Internacional»
Jaime Granados, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe
En cuanto a la situación patrimonial de la JEP, la entidad continúa funcionando en un inmueble arrendado en Bogotá, luego de que dos intentos de compra fracasaran: una primera iniciativa fue objetada por el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Iván Duque, y otra recibió concepto desfavorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el Gobierno de Gustavo Petro. El avalúo comercial estimado de la sede principal para 2026 asciende a $288.538 millones, mientras que su valor catastral en 2020 era de $20.975 millones, una cifra que circuló previamente como referencia. Ante esto, la JEP ha defendido su gestión y señalado que las comisiones al exterior de magistrados y funcionarios responden a invitaciones oficiales, actividades judiciales, encuentros de derechos humanos y derecho penal internacional, labores de divulgación y seguimiento al Acuerdo Final de Paz, además de mencionar una referencia de la OCDE sobre sus mecanismos de transparencia, que publica en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
Granados concluyó su comunicado haciendo un llamado a que la discusión sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de la JEP se adelante por los canales institucionales apropiados, con plena asunción de sus deberes y responsabilidades, en un momento en que el presupuesto de la jurisdicción para 2027 está en juego y el control ciudadano se ha vuelto un tema central del debate público.
