El presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti fueron incorporados a la Lista Clinton de Estados Unidos, conocida como OFAC, en un movimiento que ya sitúa a Nicolás Maduro y Daniel Ortega en el mismo registro. Esta designación marca un hito para la política exterior de Colombia, pues es la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio figura en OFAC, lo que podría tener impactos directos en la cooperación bilateral y en el tratamiento de empresas estatales o funcionarios colombianos ante instituciones financieras internacionales.
La difusión del listado se dio a conocer este año y se sustenta en la Orden Ejecutiva 14.059 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según la explicación oficial, la inclusión obedece a haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido de manera material, o que representan un riesgo de contribuir a la proliferación internacional de drogas, una lógica que refuerza la fortaleza de las herramientas de control económico empleadas por Washington para impedir flujos ilícitos y financiar redes criminales.
Contexto y alcance de una medida que estira los mecanismos de sanción
OFAC gestiona 37 programas de sanciones y la lista Clinton, creada en 1995 para bloquear activos vinculados al narcotráfico, ha evolucionado con los años para incluir otros actores que representan riesgos para la seguridad internacional. En 2021, la administración de Joe Biden actualizó la orden para incluir organizaciones criminales transnacionales, y según la lectura institucional, este año se han ampliado actos y designaciones que aseguran una cobertura más amplia. En este marco, la designación contra figuras colombianas se inscribe en una dinámica de sanciones que también ha sido objeto de debates y ajustes en los distintos gobiernos de Estados Unidos. El hecho de que un jefe de Estado en ejercicio esté parado en OFAC abre especulaciones sobre el modo en que podría afectar la cooperación técnica y económica entre Colombia y Estados Unidos, así como las consideraciones de entidades estatales frente a transacciones en dólares y la relación con bancos estadounidenses.
El impacto práctico se enmarca también en la seguridad jurídica y reputacional de Colombia. Expertos señalan que, más allá de la condena explícita a narcotráfico, la inclusión de figuras de alto rango público puede generar efectos de mayor escrutinio sobre procesos de contratación, inversiones y operaciones de empresas con vínculos internacionales. En ese sentido, la posibilidad de controles más rigurosos y la necesidad de demostrar debida diligencia en transacciones transnacionales se erigen como un eje central para evitar contratiempos ante OFAC y ante auditorías regulatorias.
«El Departamento del Tesoro, equivalente al Ministerio de Hacienda en Colombia, administra el programa de sanciones económicas y financieras de Estados Unidos, y la oficina que hace eso es Ofac» – Andrés Jiménez, Abogado y exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía
«Un mensaje negativo» – Andrés Jiménez, Abogado y exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía
«No creo que estemos en ese escenario, pero es una muestra de que el ingreso a OFAC no es solo por temas vinculados al narcotráfico» – Andrés Jiménez, Abogado y exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía
«Entender cómo opera el régimen de sanciones y documentar la debida diligencia» – Andrés Jiménez, Abogado y exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía
«Por haber participado o intentando participar en actividades o transacciones que han contribuido de manera material, o que representan un riesgo de contribuir a la proliferación internacional de drogas» – Andrés Jiménez, Abogado y exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía
En los datos secundarios de la información conocida, la lista ya incluye a Nicolás Maduro y Daniel Ortega, y ante posibles ampliaciones podrían haber mayores repercusiones en financiamiento para entidades y operaciones transnacionales. Se contempla, además, que Colombia podría responder por vías diplomáticas o legales, asomándose precedentes como Siria y la eventual descalificación de sanciones en escenarios complejos. Para las firmas con presencia en Colombia o vinculadas al sistema financiero internacional, la recomendación es clara: revisar procedimientos internos, fortalecer controles y documentar debida diligencia para presentar argumentos de cumplimiento ante posibles auditorías de OFAC. En este marco también se cita un caso reciente de una compañía con filial en Colombia multada por OFAC por montos que superan los 600.000 dólares, lo que subraya la magnitud de estas protecciones blandas y su impacto económico real.
La noticia, por su carácter inédito en el panorama político colombiano, continúa desarrollándose y mantiene a analistas y autoridades financieras en alerta sobre posibles ajustes en cooperación bilateral, flujos comerciales en dólares y obligaciones de cumplimiento para empresas estatales o privadas que operan en el país. La Veintitrés Manizales seguirá de cerca la evolución de este tema y las respuestas institucionales que se articulen en los próximos días y semanas.
